AUSTIN – El Comité Senatorial de Justicia en lo Criminal aprobó hoy una medida del Senador Estatal Robert Nichols (R-Jacksonville) para prevenir que tejanos pierdan su empleo ante la competición del trabajo en prisiones. Representantes de la compañía Bright Coop Inc., de la Asociación Económica de Piney Woods y la Corporación de Desarrollo Económico de Lufkin declararon en apoyo a la medida.

“Es una vergüenza que trabajadores tejanos pierdan su empleo por una economía debilitada, pero está muy mal cuando pierden su empleo por el trabajo de prisiones subsidiado por el estado”, dijo Nichols.

La SB 1169 reformaría el Programa de Extra Certificación de Industrias en Prisiones (PIE) de Texas, que actualmente permite a la industria privada asociarse con prisiones y emplear a prisioneros. Aunque las compañías privadas supuestamente pagan los salarios imperantes, se benefician con el uso de instalaciones baratas, una menor carga impositiva y el no pagar beneficios a empleados. Hay actualmente cinco programas PIE activos en el estado.

“Cuando hablamos del programa de industrias en prisiones, el actual campo de juego simplemente no está nivelado”, dijo Nichols. “Ya ha resultado en pérdida de empleos en el este de Texas”.

Una compañía que contrató el trabajo de prisioneros en Texas es Direct Trailer. La compañía pagó solo $1 al año para alquilar 70,000 pies cuadrados de espacio de trabajo en la prisión. Direct Trailer hasta publicitó que podía vender sus productos por menos por la especial relación que tiene con el estado al utilizar el trabajo de prisioneros.

Direct Trailer empleó a presidiarios de la Unidad Michael en la Colonia Tennessee para ensamblar trailers para camiones de 18 ruedas. Lufkin Industries Inc., ubicada a 85 millas de la Colonia Tennessee, no podía competir con Direct Trailer, que vendía sus productos por miles de dólares menos. En enero pasado, Lufkin Industries cerró su división manufacturadora de trailers, resultando en la pérdida de 150 empleos.

La SB 1169 y la HB 1914 del Diputado Jim McReynolds (D-Lufkin) ayudarían a parar la pérdida de empleos y la competición injusta al:

• eliminar acuerdos preferenciales y requerir que empresas que usan el trabajo de prisioneros paguen el valor justo del mercado para usar las instalaciones;
• transferir la supervisión del programa de la Autoridad de Supervisión a Industrias en Prisiones al Departamento de Justicia en lo Criminal de Texas (TDCJ);
• prevenir que TDCJ apruebe contratos resultantes en pérdida de empleos en otro lado de Texas;
• permitir a empleadores someter una declaración jurada de que su negocio sufriría y se podrían perder empleos si se aprueba un contrato específico de industria en prisiones;
• requerir que la descripción de empleos y productos sea específica para que los empleadores puedan reconocer el contrato de una industria en prisiones que amenazaría injustamente sus empresas;
• crear notificación para empresas del área y exponer información sobre los programas en Internet;
• notificar a senador y representante estatal en cuyo distrito se ubicaría el proyecto.

“Incrementando la responsabilidad y transparencia podríamos asegurar que el programa de Extra Certificación de Industrias en Prisiones sirva su propósito, que es entrenar a prisioneros y no quitarle el empleo a trabajadores de Texas”, dijo Nichols.

Grupos que apoyan la medida incluyen: AFL-CIO, la Asociación de Negocios de Texas, la Asociación de Manufacturas de Texas, y la Asociación Americana de Empleados Estatales, Condales y Municipales.

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