AUSTIN - El Comité Senatorial de Justicia en lo Criminal aprobó hoy la SB 1287 del Senador Juan "Chuy" Hinojosa, la que ordenaría la certificación de analistas forenses en Texas antes de poder practicar o rendir testimonio en cortes. La SB 1287 haría a Texas líder nacional en ciencias forenses al crear su propio programa de licencias en el estado para asegurar que los analistas forenses sean medidos con los más altos estándares. La medida va ahora a consideración del pleno del Senado.

"La SB 1287 continuaría las reformas del estado para asegurar que nuestros analistas forenses estén bien entrenados para hacer el importante trabajo de investigar el crimen", dijo el Senador Hinojosa. "El testimonio de analistas forenses suele ser un factor decisivo en casos criminales, así que es crítico que establezcamos estándares mínimos para su trabajo en Texas".

La ley actual en Texas requiere que laboratorios forenses que practican ciertas disciplinas forenses estén acreditados por el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas para que se pueda admitir el testimonio de empleados de laboratorios en casos criminales. Pero la acreditación de DPS solo afecta a los laboratorios, no a los analistas. Los analistas que cometen malapráctica o errores regulares solo enfrentan medidas disciplinarias en su laboratorio, pero no hay un mecanismo para prevenir que esos analistas vayan a trabajar a otro laboratorio en el estado. Además, no existen hoy requisitos en Texas para que los analistas forenses estén certificados o tengan licencia para poder practicar o rendir testimonio.

La SB 1287 enmendaría esa brecha en la ley, ordenando a la Comisión de Ciencias Forenses establecer un proceso de certificación de analistas forenses, y les requeriría obtener la licencia antes del 1º de enero de 2019 para continuar practicando. Hinojosa dijo que estos requisitos en Texas podrían servir de modelo para otros estados.

Hinojosa fue el autor original de la legislación del 2005 creadora de la Comisión de Ciencias Forenses de Texas, que investiga la negligencia o malapráctica profesional que afecta la integridad de los resultados de análisis forenses conducidos por laboratorios acreditados.

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