AUSTIN - El Comité Senatorial de Justicia Criminal se reunió el miércoles 24 de mayo del 2000, en el capitolio estatal. El comité celebra audiencias públicas durante el ínterin, tomando testimonio sobre los cargos establecidos por el Vicegobernador Rick Perry.

La reunión de hoy se enfocó en el cargo 11. Este cargo pide al comité examinar la implementación de los siguientes proyectos de ley, aprobados por la Legislatura 76a.: Proyecto de Ley Senatorial SB 8, relativo a la compilación de información criminal pertinente a pandillas criminales y combinaciones con otros grupos criminales; SB 352, relativo a requerimientos de membresía y empleo en la Junta de Perdones y Libertad Condicional; SB 365, relativo a la continuación y las funciones del Departamento de Justicia Criminal de Texas, la administración de la Autoridad Supervisora de Industrias del Sector Privado en Cárceles, la administración del Consejo de Ofensores con Impedimentos Mentales de Texas, y el confinamiento civil de delincuentes sexuales violentos: SB 370, relativo a la continuación y funciones del Departamento de Seguridad Pública; SB 371, relativo a la continuación y funciones del Comité Asesor de Asistencia Médica Administrada en Correccionales; y HB 2627 de la Cámara de Representantes, relativo a la continuación de la Junta de Investigadores Privados y Agencias de Seguridad Privada como la Comisión de Seguridad Privada de Texas, las funciones realizadas por la agencia y ciertos poderes de subdivisiones políticas relativos a sistemas de alarmas.

El testimonio invitado comenzó con representantes de agencias de la ley. SB 8 extiende la compilación centralizada a nivel estatal de información de criminales, para incluir información sobre las actividades de pandillas callejeras y delincuentes juveniles. Oficiales de policía en todo rincón del estado pueden ahora usar y compartir esta información, que puede también ser usada por agencias de la ley en otros estados. La información será accesible a oficiales entrenados en un programa especial de computadoras. La Senadora Shapiro preguntó si el programa, útil en áreas metropolitanas que cuentan con oficiales entrenados, no sufriría problemas de acceso en pueblos remotos que no reciben entrenamiento.

Oficiales y departamentos de policía en todo el estado podrán entrar información de miembros de pandillas a la base de datos, incluyendo su historia criminal, infracciones por manejar intoxicado, detenciones aún cuando han obtenido la libertad inmediatamente, o cualquier denuncia contra ellos. Esto ayudará a las investigaciones de pandillas criminales, pero también crea serias dudas --se puede registrar información aún en casos en que el sospechoso no haya cometido crimen alguno, ni haya sido nunca detenido o acusado.

Un representantes del Departamento de Seguridad Pública brindó el testimonio invitado siguiente. El ofreció un rápido examen de la reorganización de su departamento, establecido por SB 370. Reportó que los 28 cambios significativos ordenados por el proyecto de ley ya han sido implementados o están en proceso de serlo. Empleados adicionales han sido contratados para trabajar en licencias e inspecciones.

Representantes de la Comisión de Seguridad Privada de Texas también informaron al comité sobre los cambios en su agencia. Esta supervisa el trabajo de guardias privados, como los que trabajan en grandes tiendas, hospitales y hoteles, entre otros. Ellos informaron de la implementación de los cambios recomendados por la Comisión Sunset de 1999 (grupo establecido para examinar la responsabilidad y funcionamiento de agencias estatales). Los cambios se incluyen en la HB 2617. El único problema reportado fue la conversión de la base de datos del viejo al nuevo sistema de computación, que ha creado tardanzas y acumulación de información.

El siguiente tema de la audiencia fue la implementación de SB 352 por la Junta de Perdones y Libertad Condicional. La junta está compuesta por 18 miembros, en posiciones pagas y de tiempo completo. Los miembros del comité escucharon el emocional testimonio de familias que alegaron que sus seres queridos han sido mandados de vuelta a la cárcel injustamente. Con lágrimas en los ojos, los testigos acusaron a la junta de revocar libertades condicionales por tecnicalidades tales como el perder citas, cruzar límites de condados o estado sin permiso, o manejar sin seguro automotriz. La junta fue también criticada por negar la libertad de prisioneros no violentos en las últimas etapas de SIDA, que piden morir en la casa.

El Senador Whitmire, que dice recibir muchas cartas con acusaciones contra la junta, desafió duramente a los miembros para reformar el sistema. El dijo que los 30.000 dólares al año que cuesta mantener un prisionero en una cárcel de Texas deberían destinarse a criminales violentos, traficantes de drogas o delincuentes sexuales. Whitmire aconsejó a los representantes de la junta a mandar a aquellos en libertad condicional y no violentos, que cometen una infracción menor, a otro tipo de institución y por seis meses, pero no mandarlos de vuelta a prisión por hasta 10 años. También dijo que las revisiones de la junta para libertad condicional de prisioneros son muy esporádicas. Un criminal no violento cuya libertad condicional es rechazada tiene que esperar en la cárcel de dos a tres años más hasta la próxima oportunidad. Al senador también le preocupó el hecho de que la junta decida el futuro de criminales no violentos a través de planillas burocráticas, sin llegar a conocer al individuo.

Representantes de la junta dijeron que las reglas se han endurecido para evitar liberar a delincuentes sexuales, algo que cuenta con la aprobación de la opinión pública. Coincidieron en que prisioneros que no son un peligro para la sociedad no deberían permanecer en la cárcel por tanto tiempo, mantenidos con el dinero público. Demasiado trabajo para 18 miembros: 22.000 audiencias de libertad condicional en 1999, un número que se mantiene en los últimos años, así como bajos salarios y moral de oficiales de libertad condicional, combinado con muchas renuncias y constantes cambios en los procedimientos, fueron mencionados como causas parciales. Veinticinco porciento de las audiencias de libertad condicional terminan en revocaciones, devolviéndolos a prisión. De éstos, el 20% regresa por infracciones menores como el no reportarse o cruzar límites sin permiso.

La audiencia terminó con representantes de Industrias Carcelarias del Sector Privado, Consejo de Delincuentes con Impedimentos Mentales de Texas y Comité Asesor de Asistencia Médica Administrada en Correccionales, informando a los miembros sobre cambios en sus agencias, y no reportando problemas.

Los miembros del comité son los Senadores Ken Armbrister de Victoria como presidente, Robert Duncan de Lubbock como vicepresidente, Mike Jackson de La Porte, Jane Nelson de Flower Mound, Florence Shapiro de Plano, Royce West de Dallas y John Whitmire de Houston.

El comité levantó la sesión sujeto al llamado de su presidente. Los miembros someterán un informe a ser usado en la creación de legislación en la próxima sesión, la que se reúne en enero del 2001.

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