Senador Eddie Lucio Jr.

DE DIFUSION INMEDIATA
Marzo 22, 2007
CONTACTO: Doris Sanchez, Secretaria de Prensa
(512) 463-0127

Pedimos rendición de cuentas en fracasado contrato con Accenture

Un programa que se suponía iba a ahorrarle al estado millones de dólares y mejoraría los servicios a tejanos necesitados terminó haciendo exactamente lo opuesto.

Se han ofrecido muchas razones y excusas por la fracasada actuación de Texas Access Alliance, un consorcio privado dirigido por Accenture –firma de asesoría administrativa basada en Bermuda. Accenture firmó un contrato con la Comisión de Salud y Servicios Sociales (HHSC) por $899 millones para privatizar varios programas sociales del estado, como el Programa de Seguros Médicos para Niños (CHIP), Medicaid, estampillas de alimentos y Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF).

El contrato fue cancelado el 13 de marzo del 2007 porque fracasó miserablemente en brindar los servicios o ahorrar dinero. Sin embargo, aquellos responsables de alardear de su capacidad competitiva no pueden ahora lavarse las manos en el asunto. Yo me uní a 30 senadores en firmar una carta pidiendo a la Oficina del Inspector General de HHSC que investigue esta transacción.

En el 2003, me opuse vehementemente a la medida HB 2292 que creó este fiasco, para reorganizar lo que era entonces el Departamento de Salud de Texas y dividir algunos de sus departamentos en otras agencias. Yo voté en contra de esta medida porque no sentí que la administración de programas como CHIP y Medicaid debería ser dejada a la incertidumbre. Cuando se trata de derechos humanos básicos como la salud infantil, la gente debe ponerse en primer lugar.

Esta propuesta de cambiar el servicio personal con centros de llamadas para que Accenture pueda hacer ganancias a costa de nuestros ciudadanos necesitados fue una bandera roja desde el principio. Aún así la medida fue aprobada.

Yo no me opongo a contratar a privados o hacer ganancias, pero no sobre la espalda de los pobres y trabajadores. Generalmente estoy a favor de asociaciones público-privadas, porque suelen ofrecer más responsabilidad ante los contribuyentes. Me opuse al contrato con Accenture porque significaba echar a la calle a buenos empleados con 20 y más años de experiencia. Todo dinero que pudiera ahorrarse sería contrarrestado por la ahora dependencia de estos ciudadanos productivos. Los trabajadores desplazados por la privatización no podrían hallar otro trabajo fácil y rápidamente, y se verían privados de inmediato no solo de su salario sino de seguro médico, jubilación y la dignidad de ganarse la vida.

Otra grave preocupación mía fue el arriesgar o poner en peligro la salud o bienestar de las personas. Y, desafortunadamente, así fue. Accenture mal administró los registros y la documentación, y estaba atrasada continuamente en la actualización de registros y organización de centros de llamadas.

La ineficiencia fue tan severa, que desaparecían nombres de niños y personas elegibles a servicios sociales estatales de las listas de inscripciones. La operación de CHIP, asumida por Accenture el 1º de diciembre del 2005, causó que la inscripción bajara en un 8.5 por ciento, equivalente a una pérdida de 27,567 niños hasta agosto del 2006. La inscripción en Medicaid bajó un 2.9 por ciento, ó 53,937 niños en el mismo período.

Trágicamente, Devante Johnson perdió la vida --un paciente de cáncer de 14 años que fue bajado de las listas de Medicaid. El sufrimiento se extendió por todo el estado, pero fue más pronunciado en áreas de alta pobreza como el sur de Texas y a lo largo de la frontera.

El contrato con Accenture le ha costado al estado $100 millones más de lo que se presupuestó, y menos niños y familias recibieron los necesarios beneficios.

Este problemático acuerdo con Accenture, desde su comienzo, perdió solicitudes de CHIP, dejando a niños impedidos de visitar al médico, sin nadie que se hiciera responsable. Trabajadores mal entrenados, en vez de competentes empleados estatales, estaban tomando decisiones que no eran capaces de cumplir. Afortunadamente, el plan de eliminar a miles de trabajadores estatales fue cancelado a fines del año pasado.

La cancelación del contrato no contesta las muchas preguntas que siguen pendientes ni reemplaza el lío financiero y emocional que causó. Es hora de que requiramos y recibamos una rendición de cuentas por medio de una auditoría. Se lo debemos a las familias que han sufrido. Se lo debemos a la familia de Devante Johnson. También se lo debemos a los empleados estatales que perdieron o casi perdieron sus empleos. Y, en buena consciencia, se lo debemos a los contribuyentes que cubrieron una factura con cero de ganancias. Prometo mantener un ojo de águila en el proceso de reorganización, para asegurar que este error no vuelva a repetirse nunca.

Como siempre, si tiene alguna opinión o pregunta sobre éste u otros temas, no dude en comunicarse con mi secretaria de prensa Doris Sánchez al (512) 463-0385.

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