Senador Eddie Lucio Jr.

COLUMNA DE OPINION
Abril 12, 2006

Esfuerzos legislativos para terminar con el maltrato infantil a nivel local y estatal

Independientemente del partido político que representan, la mayoría de los legisladores coincide en que el gobierno tiene una obligación con respecto a la población más vulnerable de la sociedad: los niños víctimas de maltrato o negligencia.

En un esfuerzo por difundir este importante tema, se ha designado a abril como el Mes de Prevención del Abuso Infantil en todo el país. Creo que es importante dar un paso atrás y examinar cuan efectivamente estamos tratando el tema del maltrato o abuso infantil a nivel estatal.

En Texas, es la oficina de Servicios de Protección Infantil (CPS) dentro del Departamento de Servicios Familiares y de Protección (DFPS) la encargada de esta responsabilidad. DFPS está organizado en 11 regiones geográficas y cinco distritos dentro del estado. El sur de Texas es parte de la Región 11, que se extiende desde la punta de Texas hasta los condados Bee y Refugio.

Sólo en los condados Cameron e Hidalgo, CPS condujo 9,101 investigaciones de denuncias de maltrato o negligencia en el año 2004. En 6,518 de estos casos se confirmó maltrato o abuso, y 172 niños fueron apartados de sus hogares y colocados en atención substituta por CPS.

En los recientes años pasados, la muerte de niños a consecuencia de maltrato o negligencia ha alcanzado niveles inexcusables. En el 2004, 204 niños murieron por maltrato en Texas. Muchos de estos casos pudieron haberse prevenido con recursos y personal adecuado, pero años de financiamiento insuficiente han limitado la capacidad del departamento.

Correctamente, la Legislatura de Texas dispuso reformas radicales durante la Sesión Legislativa 79º. Además de un aumento de 2.1 billones de dólares en el presupuesto bienal de DFPS, la aprobación del proyecto de ley SB 6 creó nuevas medidas de protección --como un período de respuesta obligatorio de 24 horas para CPS en denuncias de maltrato de alta prioridad y un límite de 72 horas para el resto de los casos. Cambios legislativos también llevarán en los próximos años a la contratación de 2,500 trabajadores adicionales en CPS, con posiciones de investigación, administración y apoyo.

La intención de la medida SB 6 es disminuir el número de casos a cargo de cada empleado, incrementar la coordinación entre trabajadores sociales y policías locales, y ofrecer mayor apoyo técnico a investigadores sociales. Yo aplaudo estos esfuerzos y creo que representan la dedicación del estado para crear un mejor sistema de bienestar social infantil.

A pesar del consenso general de que deberíamos proteger mejor a los niños, existe controversia sobre qué método es mejor. Algunos grupos que abogan por el bienestar infantil luchan por aumentar los contratos entre el estado y proveedores privados de servicios. Otros creen que, siendo el estado el “conservador”, debe ser naturalmente el “protector” de los niños a cargo de CPS y el más indicado para administrar mejor estos programas.

El departamento lleva años delegando servicios de adopción temporal y permanente a contratistas privados. En estos casos, el estado contrata a una compañía para que brinde servicios como hallar y reclutar familias para adopciones temporales y ubicar niños en estos hogares. Sin embargo, la medida ordena la privatización de muchas más funciones críticas que eran antes la responsabilidad del estado.

La SB 6 dispone contratar con compañías la atención de substitución y el manejo de casos a partir del año próximo e implementarla a nivel estatal para el 2011. La privatización del manejo de casos significa que, aunque el departamento seguirá siendo el “conservador” de niños a cargo de CPS, una compañía privada será responsable de supervisar la mayoría de los aspectos de la vida del menor, incluyendo su educación y acceso a atención médica.

Durante este período de transición, es crítico que nos mantengamos vigilantes con respecto a la protección de este preciado sector de la población. Las reformas autorizadas por la SB 6 tienen buena intención, pero es importante que las supervisemos de cerca para evitar escollos imprevistos relacionados con tan extrema transición. La reciente privatización de CHIP, Medicaid y la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) indica que tales cambios no se dan sin fallos.

Hay muchas preguntas que debemos preparar para estos inminentes cambios. Debemos considerar cómo podemos mantener motivados a los actuales trabajadores que operan con temor a perder su empleo al sector privado. También debemos asegurarnos que el estado está preparado para tomar las riendas rápidamente si el contratista privado no funciona. Por último, no debería existir duda sobre quién será considerado responsable si un niño en supervisión sufre daños.

Aunque no me opongo a la contratación de ciertas funciones del gobierno a compañías privadas, creo que cuando se trata de los niños, no se debe usar la privatización con el fin de reducir costos. Si estamos realmente interesados en “componer el sistema”, debemos hacerlo holísticamente.

Los recursos no deben ser trasladados de un área a otra, sino incrementados a todo nivel. Emplear más trabajadores sociales debería ayudar a prevenir el maltrato y muerte de niños, pero a la vez debemos estar preparados para tratar más niños en adopción temporal, desde el día que entran en el sistema hasta el día que son dados de alta.

Como siempre, si tiene alguna opinión o pregunta sobre éstos u otros asuntos, no dude en comunicarse con Doris Sánchez, mi secretaria de prensa, al (512) 463-0127. Kate Volti, mi analista legislativa, está a cargo de este tema.

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