Senador Eddie Lucio Jr.

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19 de abril de 2001
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Legislación modelo, que agrega cadena perpetua sin derecho a libertad condicional como otra opción de sentencia en casos de pena de muerte, es aprobada por el Comité Senatorial de Justicia Criminal

AUSTIN – El Comité Senatorial de Justicia Criminal aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 85 del Senador Estatal Eddie Lucio Jr. (D-Brownsville), que daría a jurados en Texas una tercer opción para sentencias –cadena perpetua sin derecho a libertad condicional para casos de asesinato que reciben pena de muerte.

“Los jurados en Texas tienen actualmente dos opciones de sentencia: la pena de muerte o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años”, dijo el Senador Lucio. “Existen muchos casos donde los jurados no quieren sentenciar a alguien a la muerte, pero sólo les queda la opción de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. El SB 85 autorizará a las cortes y jurados a encerrar a un criminal por el resto de su vida, dando cierto alivio a las familias de las víctimas y seguridad a las comunidades de Texas”.

En Texas, un caso de pena de muerte le cuesta a los contribuyentes un promedio de 2.300.000 dólares, aproximadamente tres veces el costo de encarcelar a un individuo en una celda individual de una cárcel de máxima seguridad por 40 años. Los condados rurales muchas veces no tienen los recursos para procesar casos de pena de muerte. El juicio del caso James Byrd le costó al Condado Jasper 992.554 dólares. El costo general no incluye horas extras del departamento del sheriff o el costo del proceso de apelación, que continúa en este momento.

El proceso de apelación en un caso de sentencia de muerte es largo y caro. Puede llevar un promedio de 7,5 años el pasar por todas las apelaciones. Una sentencia de pena de muerte se apela automáticamente en la Corte de Apelaciones Criminales, y después de eso, existen aproximadamente otras nueve posibilidades de apelación.

“Lo que tenemos ahora con la sentencia a pena de muerte es el derecho a un ‘super proceso legal’ por la Corte Suprema de EEUU”, explicó el Senador Lucio. “Esta forma de proceso legal permite más apelaciones que las que se otorgan normalmente, debido a la naturaleza irreversible de la pena de muerte. En consecuencia, estos casos reciben mayor prioridad que otros y usan la mayor parte del tiempo de las cortes”.

El Senador Lucio señaló también que el dinero ahorrado con la opción de cadena perpetua sin libertad condicional podría ser usado en más personal policial, espacio adicional en prisiones, programas de rehabilitación y tratamiento, y educación. Estos cambios afectarían seguramente el índice del crimen.

Los prisioneros en cadena perpetua podrían continuar pagando por su crimen a través de la restitución a las familias de las víctimas por medio de dinero, trabajo, escribiendo cartas, consejería, etc. Esta forma de castigo forzaría a prisioneros a acordarse siempre de sus víctimas. También daría a sicólogos y criminólogos mayores oportunidades de estudiar y entender la personalidad, antecedentes y estado mental de criminales.

La cadena perpetua sin derecho a libertad condicional reservaría la pena de muerte para los más serios y atroces crímenes. Para esos criminales que no muestran remordimiento por sus acciones y no tienen posibilidad de rehabilitación, la pena de muerte es la mejor opción. Para aquellos que pueden demostrar una historia de abusos, un estado mental alterado en el momento del crimen o una oportunidad de vivir una vida productiva tras las rejas, la cadena perpetua sin libertad condicional sería una opción disponible.

“Hemos recibido un convincente testimonio sobre los beneficios de esta opción adicional de sentencia para el estado”, agrego el Senador Lucio. “Además, 45 estados tienen actualmente estatutos de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, y 35 estados, así como el gobierno federal, tienen cadena perpetua sin libertad condicional además de la pena de muerte”.

“SB 85 no busca de ninguna manera eliminar la pena de muerte. En realidad daría a las familias de las víctimas la misma paz interior, al saber que los criminales nunca pisarán las calles nuevamente”.

Nota: El miembro de personal asignado a legislación es la Srta. Cristina Nelson, asistente legislativa.

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