COLUMNA DE OPINION
de la oficina de Jeff Wentworth
Senador Estatal, Distrito 25

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8 de julio, 2005
Contacto: Margaret Patterson
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Ejercer el derecho de expropiación en pro del desarrollo económico es anti-Texas

El reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre derechos de propiedad ha alarmado a muchos tejanos sobre la potencialidad de que el gobierno expropie sus propiedades privadas por medio de su derecho de ‘dominio eminente’ en pro del desarrollo económico privado.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos declara: “No se podrá expropiar propiedad privada para uso público sin justa compensación”, lo que significa que el gobierno debe pagar el justo valor del mercado por la propiedad que expropia.

Inicialmente, “uso público” incluía caminos, puentes y otra infraestructura. En la década de los cincuenta, fallos judiciales sobre dominio eminente empezaron a incluir áreas urbanas de alto deterioro declaradas para reconstrucción.

El 24 de junio, la Corte Suprema de EE.UU. votó 5 a 4 para expandir el concepto de “uso público”, disponiendo que entidades de gobierno podrían usar su poder de dominio eminente para expropiar propiedad privada y transferirla a otro dueño privado, si el nuevo dueño la usa de manera que el gobierno local considera beneficiosa.

Muchos de ustedes expresaron preocupación de que, como la Corte Suprema de EE.UU. es “la ley”, nada previene que su propiedad sea tomada en expropiación para dar lugar a una nueva fábrica o un nuevo hotel que proveerá más empleos a los tejanos y más ingresos de impuestos a los gobiernos locales.

La Corte Suprema de EE.UU. interpreta las leyes, no las aprueba. Ese derecho está reservado a las legislaturas estatales y el Congreso Nacional, y es la función de la Legislatura de Texas asegurar que las leyes de derechos de propiedad protegen a los propietarios privados.

En su decisión, la Corte Suprema de EE.UU. señaló que los estados pueden prohibir o limitar el derecho de entidades gubernamentales a usar la expropiación para tomar propiedad privada para el sector privado. Muchos estados tienen actualmente “requisitos del uso público” más estrictos que los lineamientos federales. Yo espero que Texas esté pronto entre esos estados.

Yo soy uno de los tres autores de una legislación que fue introducida cuatro días después del fallo. Los Senadores Bob Deuell, Jane Nelson y yo propusimos una enmienda a la Constitución de Texas, prohibiendo a toda subdivisión política expropiar propiedad privada si la razón principal es el desarrollo económico privado.

Espero que el Gobernador Perry agregue una legislación de dominio eminente a la agenda de la actual sesión especial convocada para resolver la crisis en el financiamiento a la educación. Si la Legislatura adopta la resolución, los tejanos votarán en la propuesta enmienda constitucional el próximo noviembre.

Si la resolución no es adoptada a tiempo para ser puesta en la boleta de sufragio de noviembre, tendremos que esperar hasta la sesión ordinaria del 2007 para poder aprobar legislación que asegure que ninguna propiedad en Texas es expropiada por el sector privado por el “bien del” gobierno local.

Cuanto más tardamos en responder al fallo de la Corte Suprema de EE.UU., mayor posibilidad habrá de tener propiedades en Texas sometidas a juicios por dominio eminente durante años.

Usando el dominio eminente para expropiar propiedad privada para desarrollo económico no es un método tejano, y este tejano por cuarta generación va a hacer todo lo que pueda para ver que esto no les pase a tejanos actuales ni futuros.

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