Del despacho del Senador Estatal Royce West - Distrito 23

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25 de abril, 2003

Medida senatorial de seguros de propiedad --paso inicial hacia una necesaria reforma

Dos cosas eran certeras cuando me uní en enero con mis colegas legisladores para el comienzo de la sesión legislativa en Austin. Había un pronóstico catastrófico para el gobierno estatal debido a la predicción de la contralora de un déficit de 10 billones de dólares en el presupuesto. Y aún antes de que las devastadoras noticias del presupuesto se conocieran desde el Panhandle a la frontera, todos los tejanos entre estos dos puntos ya estaban indignados ante la volátil situación del sector seguros.

Desde el otoño pasado, la crisis de los seguros de propiedad ha sido considerada como el tema número uno relativo a consumidores para la sesión de este año. El problema se agudizó cuando la segunda aseguradora del estado amenazó con abandonar el mercado el pasado otoño. Su partida hubiera dejado desprotegidos a alrededor de 700.000 propietarios tejanos. Farmers Insurance declaró que estaba perdiendo demasiado dinero a consecuencia de los enormes pagos producto del aumento vertiginoso de demandas por daños de agua y moho.

A la vez, los consumidores clamaban por un mayor control en los índices de precio de seguros de propiedad, los que aumentaron, según algunos, tanto como el 200 por ciento en los pasados dos años. Pero aún en el 2001, los tejanos ya estaban pagando cerca de 400 dólares más que el promedio nacional por la cobertura de propiedad.

Muchos culpan los aumentos y altos precios en un cambio en la ley estatal durante los noventas que resultó en que el 95 por ciento de las pólizas de propiedad no estuviera regulada. La intención de tal cambio fue dar a pequeñas compañías la oportunidad de asegurar a clientes de alto riesgo. Pero, muy pronto, las compañías grandes hallaron la manera de incorporarse al mercado no regulado y se aprovecharon rápidamente de la situación.

Los expertos del sector le dirán que, tradicionalmente, los índices de precio son más altos en Texas debido a las extremas condiciones meteorológicas. Rápidamente mencionan el año 2001, cuando el huracán Allison causó estragos en la costa del Golfo, sólo un año después que el centro de Fort Worth y el condado Tarrant fueran parcialmente desmantelados por un tornado.

Pero, aunque el moho existe desde hace tanto como la sal y pimienta, el tremendo aumento en el número de demandas, la mayoría en Texas, por el daño que causa, literalmente obliteró las tablas actuariales usadas por años. El aumento de los casos se culpó en la histeria pública, cuando se difundieron los peligros asociados con tipos de moho pensados como altamente tóxicos.

Rápidamente se creó un nuevo sector, cuando los expertos remediadores de moho saltaron sobre un público afectado por el delirio creado por noticias de moho tóxico que podría causar –entre otras enfermedades—ataques de asma, daños en el sistema nervioso, y aún la muerte. Y aunque las consecuencias en términos de salud fueron por lo menos algo exageradas, el costo en dólares y centavos pagado por aseguradoras por demandas de moho no lo fue.

En los primeros tres meses del 2.000, el Departamento de Seguros de Texas registró 1.050 reclamos de seguros debidos al moho. En los últimos tres meses del 2.001, los libros registran más de 14.700 reclamos por daños de moho. Las aseguradoras dicen que el total de reclamos por moho pagados en ese período llega a los tres billones de dólares. Los pagos, que previamente eran de un promedio de 13.000 dólares, llegaron a 36.000 dólares un año después.

Con esta crisis ahora bien plantada, en las primeras semanas de la sesión se oyó el eco de discusiones graves en audiencias de comité sobre el tema de reforma a los seguros. A fines de febrero emergió la primer medida, que entró en vigor inmediatamente. Esta ordenó a compañías de seguros presentar sus libros al director estatal de seguros, así como información sobre índices de precios y cómo se determinan. Bajo la amenaza de penalidades y total revelación de registros privados, se le ordenó a las compañías de seguros someter información en un plazo determinado, para que el director de seguros pueda entregar un informe a la legislatura en 30 días.

Por esos reportes de las compañías, el Director José Montemayor pudo determinar que las primas de seguros habían ciertamente aumentado en un promedio del 45 por ciento desde el 2000. Los actuales índices para seguros de propiedad, dijo, están sobrevaluados de un 12 a un 25 por ciento. El director halló también que aunque los índices aumentaron, la cobertura otorgada disminuyó en por lo menos un 22 por ciento.

A principios de este mes, el Senado aprobó una medida para regular las pólizas de seguros de propiedad y vehículos. Bajo el Proyecto de Ley Senatorial 14, el director tendría autoridad para establecer índices de precio de seguros. Toda solicitud de aumento de precios debería ser introducida ante el director, quien tendría hasta 60 días para aprobar o rechazar los precios propuestos antes de que entren en vigor automáticamente. Los críticos arguyen que los aumentos de índices de precios deberían requerir previa aprobación.

Una legislación que ordenaba una directa disminución de los precios no obtuvo la aprobación mayoritaria. Con una excepción, el voto fue acorde al partido político.

En el Senado hubo un debate considerable enfocado en el uso de la evaluación de antecedentes crediticios. Mientras que el 67 por ciento de los tejanos encuestados –incluido yo—está a favor de prohibir totalmente esta práctica, la regla de la mayoría rechazó una enmienda que hubiera logrado precisamente esto. En vez, la legislación aprobada prohíbe el uso de toda información de crédito disputada. Las aseguradoras también deben hacer pública la metodología usada en la evaluación de crédito.

Aunque la evaluación de crédito continúa, la práctica discriminatoria conocida como redlining terminó. La ley actual permite a aseguradoras cobrar índices distintos dentro de la misma ciudad o condado. Los manuales de índices de precio incluyen la variable del barrio o código postal donde vive la persona. Por ejemplo, las compañías pueden ofrecer un índice de preferencia en el norte de Dallas, sólo en base a la ubicación, distinto al de una propiedad ubicada en Oak Cliff , aunque la propiedad y otros factores sean equivalentes.

Con la aceptación de la cámara, pude lograr la aprobación de una enmienda al Proyecto de Ley Senatorial 14 que prohibiría a compañías de seguros ofrecer mejores precios en barrios de preferencia. Si esta medida se convierte en ley, el territorio usado para determinar los precios no puede estar dividido dentro de un mismo condado.

Es claro que aún hay formas de llegar a una verdadera reforma a los seguros en Texas. Por lo menos en teoría, los funcionarios electos deben ser responsables por las necesidades y voluntad de los residentes de sus distritos. La pregunta a hacerse sobre su senador, diputado, funcionario electo, es: ¿ha peleado ésta y toda otra batalla con el fin de obtener el mayor beneficio para usted –el votante, el consumidor?

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