Senador Robert F. "Bob" Deuell
Senado de Texas
Distrito 2

DE DIFUSION INMEDIATA
29 de septiembre, 2003

NOVEDADES DEL CAPITOLIO

Actualización sobre financiación a la educación pública

Recientemente, el Centro Senatorial de Investigaciones publicó Días escolares y el laberinto legal, desafíos constitucionales a la financiación de escuelas públicas en Texas. El informe se enfoca en los juicios Edgewood, e incluyó aquí porciones del mismo. Pueden obtenerse copias del informe completo comunicándose con mi oficina del Capitolio.

El 29 de mayo del 2003, en el juicio Distrito Escolar Independiente Consolidado West Orange-Cove versus Alanis, 207 S.W. 3d 558 (Tex.2003), la mayoría en la Corte Suprema de Texas (siete jueces y otro que estuvo de acuerdo con el fallo) anuló las decisiones de juzgados menores que desestimaron una demanda presentada por cuatro distritos escolares, remitiendo el caso a las cortes para próximos procedimientos. Esta mayoría decidió únicamente que las demandas de los querellantes son suficiente para establecer que el sistema estatal de financiación a la educación pública en efecto fuerza a los distritos a imponer un impuesto estatal al valor, que está prohibido por la Constitución de Texas. La decisión no se refirió a la constitucionalidad del actual sistema estatal de escuelas públicas, sino que lo reenvió a los juzgados para ser considerado.

El tema se refiere al Artículo VII, Sección 1 de la Constitución de Texas, que establece que: “Siendo la difusión general de conocimientos esencial para la preservación de los derechos y libertades de los habitantes, será el deber de la legislatura del Estado establecer y hacer provisiones adecuadas para apoyar y mantener un eficiente sistema de escuelas públicas gratuitas”.

En 1989, en el juicio Distrito Escolar Independiente Edgewood versus Kirby, 777 S.W.2d 391 (Tex. 1989), la Corte Suprema de Texas determinó que el sistema estatal de financiación a la educación pública, con su alta dependencia en impuestos de propiedad locales, violaba esta provisión de la constitución estatal. El sistema, dispuso la corte, resulta en una gran disparidad en la calidad de la educación pública entre distritos escolares pobres y ricos. La Legislatura de Texas respondió con legislación, que fue subsecuentemente demandada legalmente, resultando en una serie de querellas conocidas como los casos Edgewood. En 1995, en Distrito Escolar Independiente Edgewood versus Meno (Edgewood IV), 893 S.W.2d 450 (Tex. 1995), la corte falló finalmente que la revisión del sistema implementado por la Legislatura de Texas era constitucionalmente aceptable. Sin embargo, la corte en ese caso advirtió que el nuevo sistema, debido a disparidades en la financiación todavía existentes, podría volverse inconstitucional.

La advertencia en Edgewood IV se refiere al Artículo VIII, Sección 1-e de la Constitución de Texas, que prohíbe el impuesto estatal a la propiedad. El sistema de financiación desafiado en Edgewood IV creó un sistema de dos niveles:

En Edgewood IV, la corte dispuso que este sistema no impone un impuesto a la propiedad estatal e inconstitucional, porque, aunque establece un índice impositivo mínimo y máximo, los distritos y sus votantes pueden decidir el índice impositivo dentro de estos parámetros y controlar la distribución de los ingresos. Sin embargo, la corte advirtió que si el costo de la educación aumenta al punto en que un distrito es forzado a gravar el impuesto máximo permitido bajo la medida sólo para cumplir con estándares mínimos de reconocimiento oficial, el impuesto podría en efecto convertirse en un impuesto al valor mandado por el estado e inconstitucional.

En el distrito escolar consolidado West Orange-Cove, cuatro distritos escolares alegaron que la advertencia de la corte ya ha sido confirmada, porque ellos y otros distritos son forzados ahora a gravar a índices máximos establecidos por estatuto para poder educar a sus estudiantes. Estos impuestos locales, dicen ellos, se han convertido efectivamente en un impuesto a la propiedad mandado por el estado y por lo tanto inconstitucional. La corte de distrito rechazó la demanda de los querellantes, lo que fue confirmado por la corte de apelaciones.

El estado ha argumentado en parte que el juicio de los querellantes no tiene cabida porque el sistema no requiere a todos los distritos gravar a un índice de $1.50, y por lo tanto no se traduce en un impuesto estatal al valor. La mayoría rechazó este argumento, diciendo que la constitución prohíbe el impuesto estatal al valor en toda propiedad dentro del estado. El tema, dijo la mayoría, no es la generalización del impuesto, sino el control del estado sobre éstos. Un ilegal impuesto estatal al valor es un impuesto decretado por el estado directa o indirectamente. Por lo tanto, dijo la mayoría, un distrito único puede demandar que es inconstitucionalmente limitante que el estado disponga gravar a un índice determinado.

El estado presentó otros cuatro argumentos que fueron rechazados por la mayoría:

Al autorizar la opción local de exenciones homestead , sabiendo que algunas poblaciones insistirán en obtenerlas, la legislatura podría haber aumentado la presión en distritos escolares para gravar al índice máximo. De todas formas, la mayoría estableció, los querellantes tienen derecho a tratar de demostrar que las exenciones homestead no significan una discreción importante.

Para comunicarse con el Senador Deuell sobre el proceso legislativo, llame a su oficina en el Capitolio: (512) 463-0556, o escriba a: Sen. Bob Deuell, Texas Senate, P.O. Box 12068, Austin, Tx 78711. El sitio Internet del Senado de Texas es www.Senate.state.tx.us. La dirección electrónica del Senador Deuell es: bob.deuell@senate.state.tx.us

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