De la Oficina del Senador Estatal John Carona

De difusión inmediata
8 de julio de 2003
CONTACTO: Alexandra Ritchie (512) 463-0116

Enmiendas Constitucionales a votación el 13 de septiembre de 2003
(Preparadas por el personal del Consejo Legislativo de Texas)

ENMIENDA N° 1

La enmienda constitucional que autoriza a la Junta de Tierras de Veteranos (Veterans’ Land Board) a usar recursos de ciertos fondos de asistencia en tierras y viviendas a veteranos, para proveer hogares de veteranos ancianos o enfermos, y para hacer pagos de capital, interés e incrementos de bonos de renta pública.

RESUMEN: La propuesta enmienda permitiría a la Junta de Tierras de Veteranos usar el excedente del fondo para tierras a veteranos, el fondo de asistencia en viviendas a veteranos, y el fondo II de asistencia en viviendas a veteranos, para pagar el servicio de deuda de bonos de renta pública emitidos por dicha junta. Específicamente, la junta podría usar tal excedente para pagar capital e intereses e incrementos en bonos de renta pública emitidos bajo el programa de viviendas a veteranos u otro programa de veteranos administrado por la junta, y no solo en conexión con sus programas de asistencia en tierras y viviendas para veteranos. La enmienda también permitiría a la Junta de Tierras de Veteranos usar recursos excedentes de los tres fondos para planear y diseñar, operar, mantener, ampliar o mejorar hogares de veteranos. Este nuevo texto suplementaría el efecto de una enmienda constitucional previa que otorgó a la junta una autoridad similar con respecto a cementerios de veteranos.

ARGUMENTOS A FAVOR: La seguridad de los bonos de renta pública emitidos por la Junta de Tierras de Veteranos aumentaría porque el servicio de deuda de esos bonos podría pagarse con dinero producido por varios programas de la junta. El menor riesgo relativo a los bonos de renta pública haría que la junta pueda recibir una mejor evaluación de crédito y pagar menos interés por los bonos, ahorrando dinero al estado. El uso de recursos excedentes de ciertos fondos de la Junta de Tierras de Veteranos haría innecesaria la emisión de más bonos de renta para hogares de veteranos, ahorrando dinero al estado al reducir los costos de transacción asociados con la financiación de la construcción de estos hogares de veteranos. El dinero excedente de programas de asistencia para tierras y viviendas de veteranos fue principalmente aportado por veteranos, y debería estar disponible para asistir a todo programa de veteranos administrado por la Junta de Tierras de Veteranos.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Por lo menos parte del dinero que fue en un principio asignado a programas de asistencia a tierras y viviendas de veteranos podría destinarse a programas totalmente diferentes administrados por la Junta de Tierras de Veteranos; la Junta tiene total decisión en la determinación de cuánto dinero retener de los programas de asistencia a tierras y viviendas. La adopción de la enmienda llevaría a diversificar los fondos actualmente reservados para dos programas de veteranos –los de asistencia en tierras y viviendas, distribuyéndolo entre el doble de programas.

ENMIENDA N° 2

La enmienda constitucional que establece un período de dos años para la cancelación de un interés mineral vendido por impuestos al valor no pagos en una venta de impuestos.

RESUMEN: La propuesta enmienda a la Sección 13c, Artículo VIII de la Constitución de Texas extiende el período en que el antiguo dueño de un interés mineral vendido en una venta de impuestos por sus impuestos al valor impagos podrá cancelar la propiedad a la persona que la adquirió. El período de cancelación se extiende así de seis meses después de la fecha en que se registra la escritura del comprador, a dos años después de esta fecha. Para cancelar la propiedad, el antiguo dueño debe pagar a la persona que adquirió la propiedad la cifra que el comprador pagó por la propiedad en la venta de impuestos, incluyendo el costo de registro de la escritura y todo impuesto, penalidad, intereses y gastos pagos, más una cifra que no exceda el 25 por ciento del total agregado en el primer año del período de cancelación o el 50 por ciento del total agregado en el segundo año. La propuesta enmienda a la Sección 13c, Artículo VIII de la Constitución de Texas hace un cambio en conformidad con la ley. La enmienda entraría en efecto el 1° de enero de 2004, y se aplicaría solo a la cancelación de intereses minerales vendidos en ventas de impuestos, y cuando la escritura del comprador se registra a partir del 1° de enero de 2004.

ARGUMENTOS A FAVOR: Ya en 1876, la Constitución de Texas dispuso un período de cancelación de dos años para propiedades vendidas en venta de impuestos. La constitución fue enmendada recientemente limitando el período de cancelación para casi toda propiedad, incluyendo intereses minerales, a seis meses. Diferente a la información para otro tipo de propiedad, la información usada para identificar y enumerar intereses minerales en las planillas impositivas deriva muchas veces del sector privado, por lo que puede ser desactualizada o inexacta. Además, debido a las prácticas comerciales generales asociadas con la explotación de minerales, frecuentemente hay varios propietarios de fracciones que dependen del dueño de la propiedad para pagar los impuestos de ésta. Por estas razones, el dueño de intereses minerales podría no recibir a tiempo el aviso de que los impuestos de la propiedad están impagos o que se ha ordenado la venta de la propiedad. Aumentando el período de cancelación de seis meses a dos años, como era antes, reduciría la posibilidad de que el período de cancelación venza antes de que el dueño de intereses minerales sepa que la propiedad ha sido vendida. La ley actual hace distinciones injustas entre propiedades residenciales y tierras agrícolas por un lado, e intereses minerales por el otro, en cuanto al derecho de cancelación. No existen razones para tal distinción.

ARGUMENTOS EN CONTRA: La enmienda desalentaría la adquisición de intereses minerales en ventas de impuestos por inversores, y dificultaría que unidades impositivas dispongan de propiedades en las ventas de impuestos. Bajo la ley actual, un comprador de intereses minerales en ventas de impuestos debe esperar solo seis meses para obtener el título definitivo. Si el comprador invierte en la explotación de minerales y el antiguo dueño ejercita el derecho de cancelación, el antiguo dueño podría usufructuar injustamente de la inversión incurrida por el comprador. Un potencial comprador podría mostrarse reacio a adquirir intereses minerales o decidir esperar dos años antes de mejorar la propiedad, y las unidades impositivas experimentarían costosas demoras para reestablecer los intereses minerales en sus planillas impositivas. La enmienda no resolvería la inequidad en la ley actual de tener diferentes períodos de cancelación aplicables a diferentes tipos de propiedad. La propiedad comercial continuaría siendo sometida a un período de cancelación menor que las propiedades residenciales, tierras agrícolas e intereses minerales.

ENMIENDA N° 3

La enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a eximir del impuesto al valor la propiedad de organizaciones religiosas alquilada para ser usada como escuela, o usada para expandir o construir un establecimiento religioso.

RESUMEN: La propuesta enmienda a la Sección 2(a), Artículo VIII de la Constitución de Texas, autoriza a la legislatura por ley general a eximir del impuesto al valor la propiedad de organizaciones religiosas dueñas también de un lugar de culto religioso --como iglesia o templo, si la propiedad se usa para ampliar el lugar de culto o construir uno nuevo, siempre que la propiedad no produzca ingresos para la organización religiosa. La enmienda también autoriza a la legislatura por ley general a disponer requisitos de elegibilidad para la exención e imponer sanciones relativas a la exención. Además, la enmienda autoriza a la legislatura por ley general a eximir del impuesto al valor toda propiedad de organizaciones religiosas que se alquile a otra persona para ser usada como escuela, siempre que ésta cumpla con la definición estatutaria de escuelas exentas de impuestos.

ARGUMENTOS A FAVOR: La propuesta enmienda permite a organizaciones religiosas planear el crecimiento de su congregación, adquiriendo propiedad para su expansión sin incurrir en impuestos al valor de la propiedad a construirse. La legislatura tiene la autoridad de imponer límites a la elegibilidad para la exención, incluyendo su término, y requerir el pago de impuestos retroactivos si la propiedad no se usa finalmente como lugar de culto. La enmienda permitiría a organizaciones religiosas que alquilan su propiedad para usarse como escuela sin fines de lucro a obtener la misma exención de impuestos que obtiene una persona que usa su propiedad como escuela. La enmienda elimina una diferencia injustificada entre propietarios que operan escuelas en su propiedad y propietarios que alquilan su propiedad a otros para operar escuelas, y alienta a organizaciones religiosas a usar su propiedad para fines educativos.

ARGUMENTOS EN CONTRA: La Constitución de Texas y el Código Impositivo ya eximen a organizaciones religiosas del impuesto al valor por el establecimiento de culto de la organización, incluyendo una exención de no más de tres años durante su construcción. La ampliación de la exención que hace esta enmienda, para incluir la futura expansión o construcción de un nuevo lugar de culto, quitará a la propiedad de las planillas de impuestos aunque tal vez no sea usada con fines religiosos durante años. La Constitución de Texas y el Código Impositivo ya proveen una exención del impuesto al valor a la propiedad que una persona usa como escuela. Permitir a una organización religiosa recibir una exención impositiva por propiedad alquilada a otra persona para ser usada como escuela alentará a organizaciones religiosas a usar su propiedad con fines no religiosos, y discriminará entre organizaciones religiosas y otros propietarios que alquilan propiedad con el mismo fin. La exención también privará a distritos escolares y otros cuerpos de gobierno de ingresos impositivos, y pondrá una carga injusta en otros propietarios que podrían tener que pagar mayores impuestos para contrarrestar los ingresos impositivos perdidos.

ENMIENDA N° 4

La enmienda constitucional relativa a la provisión de parques y otras instalaciones recreativas por ciertos distritos de protección y recuperación.

RESUMEN : La propuesta enmienda a la Sección 59, Artículo XVI de la Constitución de Texas, daría a distritos de protección y recuperación el derecho y deber específicos de proveer parques e instalaciones de recreación. La enmienda ordena a la Legislatura aprobar leyes relativas al desarrollo de parques e instalaciones recreativas por estos distritos. La enmienda, sin limitar el poder de financiar parques e instalaciones recreativas existentes, autoriza la emisión de bonos financiados por los impuestos de distritos localizados completa o parcialmente en un número limitado de áreas.

ARGUMENTOS A FAVOR: La propuesta enmienda aclara un área de la ley que ha sido cuestionada, disponiendo claramente que los distritos de protección y recuperación podrán proveer parques e instalaciones recreativas. La enmienda dará poder a los votantes de ciertas áreas para financiar parques e instalaciones recreativas en el área con los ingresos de impuestos, si sienten que existe la necesidad. Es correcto dar la decisión a los votantes afectados, y restringir este poder a ciertas áreas limitándolo a las localidades donde existe mayor necesidad. La enmienda permitiría a distritos de protección y recuperación cubrir las necesidades recreativas de comunidades cuyas necesidades no están cubiertas por la ciudad, pueblo o condado donde están ubicadas. Muchos ciudadanos viven en áreas no incorporadas que no están servidas adecuadamente, y autorizar a distritos de protección y recuperación a mejorar los espacios públicos de una comunidad mejorará la calidad de vida de los residentes del área.

ARGUMENTOS EN CONTRA : No hay razón para autorizar sólo a distritos en las áreas enumeradas a que usen sus dólares de impuestos para financiar parques e instalaciones recreativas, mientras que otros distritos no podrían usar los dólares impositivos con tal fin. Los distritos de protección y recuperación deberían enfocarse en temas relativos al agua y la preservación. Otras subdivisiones políticas, como municipalidades y condados, tienen actualmente la capacidad de tratar la necesidad de parques e instalaciones recreativas, y son entidades más apropiadas para satisfacer estas necesidades. La creación de algunos distritos de protección y recuperación está en manos de urbanizadores privados, y los benefician significativamente. El permitir a distritos proveer parques e instalaciones recreativas, y financiarlas con ingresos de impuestos, crea el potencial riesgo de que las instalaciones sean provistas a expensas del público, creando amenidades que un urbanizador privado podrá usar para promover su urbanización.

ENMIENDA N° 5

La enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a eximir del impuesto al valor a caravanas o casas rodantes (travel trailers) no mantenidas ni usadas para la producción de ingresos.

RESUMEN: La Sección 1(d), Artículo VIII de la Constitución de Texas, autoriza ya a la Legislatura a eximir del impuesto al valor cierta propiedad personal tangible, pero impide a la legislatura eximir del impuesto a estructuras de propiedad personal tangible usadas u ocupadas como vivienda. La propuesta enmienda a la Sub-sección (d) prohíbe eximir del impuesto únicamente a aquellas estructuras usadas u ocupadas como vivienda que están sustancialmente añadidas a una propiedad. La enmienda revoca la Sección 1(j), Artículo VIII de la Constitución de Texas, que autoriza a la legislatura a permitir a una unidad impositiva, que no sea un distrito escolar, eximir a caravanas del impuesto al valor.

ARGUMENTOS A FAVOR: La aprobación de la propuesta enmienda eliminará el obligatorio impuesto de distritos escolares a los caravanas, y les dará el mismo tratamiento impositivo que a otras propiedades no comerciales –como los vehículos automotores. La exención eliminará la actual falta de incentivos para que los consumidores de Texas compren caravanas que no se anexarán a propiedades, y también promoverá el turismo y progreso económico. La imposición del impuesto al valor a caravanas hecho por distritos escolares equivale a un “impuesto duplicado” porque el comprador de un trailer también debe pagar impuestos de venta y uso y el costo del registro automotor para la caravana. El impuesto al valor de caravanas es muy ineficiente, debido al costo de identificarlos y evaluarlos, y de facturar y cobrar la relativamente pequeña cifra del impuesto gravado a cada una. La aprobación de la enmienda hará que distritos escolares u otra unidad impositiva que opta por gravar a caravanas sufrirá el costo total de la imposición del impuesto, hoy en gran parte responsabilidad del distrito de tasación.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Si la enmienda es adoptada, los distritos escolares perderán los ingresos de impuestos de propiedad que reciben actualmente del gravamen a caravanas, a menos que sus cuerpos directivos actúen afirmativamente para imponer un impuesto al valor a esas caravanas. Para recuperar lo perdido, esos distritos escolares tendrán que imponer mayores impuestos a la propiedad a otros propietarios, incluyendo personas que tienen y viven en viviendas prefabricadas y otros tipos de residencia. Una persona que vive en una caravana, independientemente de si está anexada o no a una propiedad inmobiliaria, debería pagar impuestos de propiedad por su caravana, como lo hacen otros propietarios, incluyendo aquellos que residen en casas prefabricadas. La propuesta exención a caravanas crea una exención del impuesto de propiedad a un pequeño grupo de personas que ya no pagarán lo que les corresponde en impuestos. Ordenando a distritos escolares a que tomen una acción afirmativa para gravar caravanas, y delegando todo el costo de tasación de esas caravanas a los distritos escolares que optan por gravarlas, la legislatura pone impedimentos injustos para que los distritos escolares no puedan continuar gravando a caravanas para mantener su actual base impositiva.

ENMIENDA N° 6

La enmienda constitucional que permite refinanciar un préstamo sobre el capital de propiedad con una hipoteca revertida.

RESUMEN : La propuesta enmienda a la Sección 50(f), Artículo XVI de la Constitución de Texas, dispone que un préstamo sobre el capital de una propiedad puede ser refinanciado convirtiéndolo en hipoteca revertida. El mismo cambio propuesto por esta enmienda también se propone, junto a otros cambios constitucionales, en la Proposición 16, que se someterá a los votantes en esta elección.

ARGUMENTOS A FAVOR: Las hipotecas revertidas son preferidas por jubilados para suplementar sus ingresos recurriendo al patrimonio o capital de sus viviendas. Desde 1998, hubo años en que se ofrecían préstamos sobre el capital de propiedad pero no hipotecas revertidas. Durante este período, muchas personas que hubieran preferido hipotecas revertidas obtuvieron en vez préstamos sobre el capital de su propiedad. La propuesta enmienda permitirá a esos prestatarios convertir sus actuales préstamos sobre el capital de la propiedad en hipotecas revertidas.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Las hipotecas revertidas no están sometidas a las extensas salvaguardas que se aplican a los préstamos sobre capital de propiedades. Las personas ancianas, que podrían ser más susceptibles a prácticas prestamistas inescrupulosas o poco compasivas, podrían resultar víctimas de prestamistas que convencen a los prestatarios ancianos a convertir los préstamos sobre el capital de su propiedad en hipotecas revertidas, bajo términos que podrían favorecer injustamente al prestamista.

ENMIENDA N° 7

La enmienda constitucional que dispone jurados compuestos por seis personas en juicios de cortes de distritos por delitos menores.

RESUMEN: La propuesta enmienda especifica que el jurado de cortes de distrito en casos de delitos menores debe consistir de seis personas. En un cambio en conformidad con la ley, la enmienda también suprime una provisión que permite que sólo nueve de los 12 miembros de jurados en cortes de distrito pueden extender un veredicto en casos de delitos menores.

ARGUMENTOS A FAVOR: Jurados de seis miembros en cortes condales están autorizado por el Artículo 33.01, Código de Procedimientos Criminales, a decidir casos de delitos menores, y una mayoría de casos de delitos menores son tratados por esos jurados de seis miembros. Sin embargo, en algunos condados pequeños o rurales, son jurados de 12 miembros de cortes de distrito los que deciden casos de delitos menores. El permitir jurados de seis miembros en cortes de distrito para casos de delitos menores daría uniformidad a la ley. Reducir el número de miembros de jurados en casos de delitos menores ahorraría a los condados tiempo y dinero sin sacrificar los méritos de juicios de jurado.

ARGUMENTOS EN CONTRA: El permitir jurados de seis miembros en cortes de distrito para casos de delitos menores reduciría la protección de procedimiento de jurados de 12 miembros en casos de delitos menores por mala conducta de funcionarios. La intención legislativa fue de juicios con jurados de 12 miembros para aquellos casos que involucran a funcionarios públicos acusados de un crimen que podría llevar a que el funcionario pierda su cargo.

ENMIENDA N° 8

La enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a permitir que una persona ocupe un cargo público sin pasar por elecciones, cuando la persona es la única candidata calificada para el cargo en determinada elección.

RESUMEN: La propuesta enmienda agrega la Sección 13 al Artículo XVI de la Constitución de Texas, autorizando a la legislatura a disponer por ley general que una persona ocupe un cargo público sin pasar por elecciones, si la persona es la única candidata calificada en una elección para ese cargo.

ARGUMENTOS A FAVOR: Autorizando a la legislatura a permitir a una autoridad electoral ahorrar el tiempo y dinero de contar votos de candidatos que no tienen oposición, la propuesta enmienda promueve la eficiencia en la administración de elecciones y ayuda a reducir el costo de las elecciones sin interferir con el derecho al voto de nadie. Si un candidato no tiene oposición, y ningún otro candidato, incluyendo los solicitados, es elegible para la elección de ese cargo, la contienda electoral se decidiría antes de darse la elección. La enmienda permitiría a la legislatura dar a funcionarios electorales mayor flexibilidad en la preparación de papeletas electorales; y las papeletas más cortas y simples permitirán a los votantes enfocarse en los cargos en contienda, sin tener que sortear candidatos sin oposición. Las papeletas de votación más cortas también reducirían la confusión del votante, especialmente durante la implementación de nuevos sistemas electrónicos de votación.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Omitir candidatos en la papeleta de votación niega a los votantes su derecho a votar por los candidatos que desea. Aquellos que se toman el tiempo de votar están ejerciendo su derecho a apoyar a los candidatos que desean que los representen y validan la elección de candidatos a cargos públicos. El derecho a votar por un candidato debería existir independientemente de si existen opciones. La enmienda autorizaría a la legislatura a negar a candidatos la oportunidad de obtener la visibilidad que da una campaña, y haría más difícil para los votantes saber quiénes son sus líderes electos o qué cargos se están cubriendo en una elección. La formalidad de elecciones es una parte importante del proceso democrático que no debería traducirse en una mera tecnicidad.

ENMIENDA N° 9

La enmienda constitucional referente al uso y apreciación de ingresos del fondo escolar permanente.

RESUMEN: La propuesta enmienda a la Sección 5, Artículo VII de la Constitución de Texas, permite a la Junta Estatal de Educación (State Board of Education) o la legislatura determinar la cantidad a distribuir del fondo escolar permanente (PSF) al fondo escolar disponible (ASF) de una porción de las “ganancias totales”, incluyendo ganancias de capital, de toda inversión del PSF. La enmienda establece límites a la porción de ganancias totales que podrá transferirse al ASF, y dispone el pago de gastos de administración de los recursos del fondo escolar permanente, provenientes del PSF.

ARGUMENTOS A FAVOR: Los votantes de Texas aprobaron en 1999 una política de ganancias totales para el fondo universitario permanente, que asiste a varias instituciones de los sistemas de la Universidad de Texas y Texas A&M. Debido a que la mayor parte del aumento en el valor de un portafolio como el del PSF proviene de ganancias de capital, la base del PSF sigue protegida aún si una porción de las ganancias es distribuida al ASF. El cambiar a una política de ganancias totales para el PSF se espera devengue significativos ingresos netos adicionales para beneficio de las escuelas públicas. La Junta Legislativa del Presupuesto (Legislative Budget Board) estima que este cambio producirá ingresos netos adicionales de más de 230 millones de dólares en el año fiscal 2004, 247 millones en el año fiscal 2005, y un poco menos en el año fiscal 2006 y los posteriores.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Debido a que el PSF es un fondo permanente, una estrategia de inversión conservadora retendría toda ganancia de capital como parte de PSF. El estado debería evitar arriesgar que la base del PSF, ajustada según inflación y por estudiante, decline. Es posible que una continua baja en los precios de acciones llevará a una disminución en la distribución del PSF al ASF, no a un aumento. Aun si la distribución del PSF al ASF aumenta, no significa que las escuelas públicas recibirán más dinero. En los distritos que reciben asistencia estatal bajo el Programa Fundación Escolar (Foundation School Program), el aumento en los pagos de ASF se neutraliza con una disminución en los pagos del fondo fundación escolar. Al aumentar los pagos de ASF a los distritos escolares ricos, también aumenta la brecha entre los recursos disponibles para distritos escolares que dependen de asistencia estatal y los recursos disponibles a los distritos más ricos. Esto podría dañar potencialmente la equidad del sistema de financiación escolar.

ENMIENDA N° 10

La enmienda constitucional que autoriza a municipalidades a donar equipos excedentes contra incendios a departamentos rurales de bomberos voluntarios.

RESUMEN: La propuesta enmienda agrega la Sección 52i, Artículo III de la Constitución de Texas, creando una excepción adicional a la prohibición constitucional general que dispone que un condado, ciudad, pueblo u otra subdivisión política del estado no puede donar artículos de valor a ningún individuo, asociación o corporación.

ARGUMENTOS A FAVOR: Las áreas rurales muchas veces no tienen los recursos financieros para adquirir equipos o implementos necesarios contra incendios. La propuesta enmienda crea un método por el que áreas municipales podrían “reciclar” equipo o implementos que no usen, para beneficio de comunidades rurales en necesidad. El equipo de bomberos excedente tiene normalmente poco o ningún valor, y el costo incurrido en venderlo podría exceder el ingreso generado por la venta. Una manera efectiva con respecto al costo es donar este equipo excedente a departamentos de bomberos voluntarios rurales que lo necesitan.

ARGUMENTOS EN CONTRA : La enmienda permite que los equipos o implementos donados se distribuyan a departamentos rurales de bomberos voluntarios “según su necesidad”. Sin embargo, la enmienda no dispone ningún criterio para establecer tal necesidad. La municipalidad que dona podría incurrir en costos al hacer la donación, y la enmienda debería contener provisiones para requerir que la municipalidad donante recupere esos costos.

ENMIENDA N° 11

La enmienda constitucional que permite a la legislatura promulgar leyes autorizando y regulando la operación de bodegas y viñedos en el estado.

RESUMEN: La propuesta enmienda a la Sección 20, Artículo XVI de la Constitución de Texas, permitiría a la Legislatura autorizar a bodegas y viñedos a producir, vender y distribuir vino en toda área del estado, aunque la venta de vino en el área no haya sido autorizada por elección local de opción.

ARGUMENTOS A FAVOR: La propuesta enmienda permitiría un potencial crecimiento en la base agrícola estatal, en un nuevo sector que podría reemplazar antiguas prácticas agrícolas que ya no son viables, al expandir las áreas en el que podrían operar las bodegas, incluyendo áreas ‘secas’. La legislación asegura que la agricultura estatal se beneficiaría con la venta de vino en áreas secas, requiriendo que el vino vendido o distribuido por bodegas en esas áreas provenga de uvas cosechadas en este estado. La enmienda dispone una pequeña exención al requisito de que la venta de bebidas alcohólicas sea autorizada por una elección local de opción, al permitir a áreas secas mantener el control local de la mayor parte de la venta de bebidas alcohólicas y eliminando el gasto de ir a elecciones para permitir la venta de alcohol por un pequeño número de autorizados. La enmienda daría mayor uniformidad a las leyes que reglan la operación de bodegas y viñedos en este estado.

ARGUMENTOS EN CONTRA: La enmienda anularía la preferencia de muchas comunidades locales que prohíben la venta de bebidas alcohólicas dentro de sus límites. Una comunidad que desea autorizar solo la venta de vino por una bodega ya lo puede hacer. La ley actual no prohíbe la expansión de la industria de bodegas y viñedos en áreas en que la producción y venta de vino ya es legal.

ENMIENDA N° 12

La enmienda constitucional referente a juicios en lo civil y otras acciones contra doctores y otros proveedores de servicios médicos, que autoriza a la legislatura a establecer límites a los pagos por daños no económicos.

RESUMEN : La propuesta enmienda agregaría la Sección 66 al Artículo III de la Constitución de Texas, que autoriza a la legislatura por estatuto a establecer límites a la responsabilidad legal por todo daño o pérdida causada, de cualquier manera que se caracterice, exceptuando los daños económicos, en demandas por negligencia médica y de otros tipos.

La primera parte de la nueva Sección 66 del Artículo III de la Constitución de Texas autoriza a la legislatura por estatuto a establecer límites en la responsabilidad legal por negligencia médica, en cuanto a tratamientos, falta de tratamiento, o todo otro reclamo por nivel inaceptable de asistencia o seguridad médica, de cualquier manera que se caracterice, que se demanda como causa de, o que contribuye a enfermedad, daños o muerte de una persona. “Daños económicos” se definen como los pagos en compensación por toda pérdida o daño pecuniario. Estos no incluyen las pérdidas o daños, de cualquier manera que se caractericen, causados por dolor físico, sufrimiento o angustia mental, pérdida de consorcio, pérdida de compañía o social, desfiguración o impedimento físico pasados, presentes o futuros. La autoridad estatutaria de la legislatura para disponer límites de responsabilidad legal se aplica independientemente de si la demanda o causa de acción surge bajo o es derivada del derecho consuetudinario, estatuto u otra ley, incluyendo toda demanda o causa de acción basada en agravio indemnizable, contrato o toda otra teoría o combinación de teorías de responsabilidad legal. La demanda o causa de acción incluye demandas por negligencia médica como es definida por la legislatura. Esta primera parte autoriza a la legislatura a determinar los límites de responsabilidad establecidos por ley en la Sesión Regular 2003 de la Legislatura 78°, y por toda sesión regular o especial posterior de la legislatura.

La segunda parte de la nueva Sección 66 del Artículo III de la Constitución de Texas autoriza a la legislatura por estatuto a disponer el límite de responsabilidad legal por todo daño o pérdida, de cualquier manera que se caracterice, que no sean daños económicos, por demandas o causas de acción que no sean de negligencia médica. Esta autorización se aplica independientemente de si la demanda o causa de acción surge bajo o es derivada de ley consuetudinaria, estatuto u otra ley, incluyendo toda demanda o causa de acción basada en agravio indemnizable, contrato o toda otra teoría o combinación de teorías de responsabilidad legal. Esta segunda parte autoriza a la legislatura por estatuto a determinar los límites de responsabilidad legal por demandas y causas de acción que no sean demandas por negligencia médica, solo después del 1° de enero del 2005, y solo con el voto de por lo menos tres quintos de todos los miembros electos a ambas cámaras. El estatuto adoptado por la legislatura debe incluir texto que cite la nueva Sección 66 como autoridad.

Finalmente, la HJR 3 dispone que si los votantes rechazan la propuesta enmienda, las cortes no podrían considerar ningún aspecto del voto por ningún motivo, de ninguna manera ni alcance.

ARGUMENTOS A FAVOR: En el 2003, la legislatura se enfrentó a un serio problema público en la disponibilidad y asequibilidad de seguros adecuados de responsabilidad legal médica y profesional, lo que creó una crisis en los seguros por negligencia médica en Texas. La legislatura halló que esta crisis había tenido un efecto material adverso en la provisión de asistencia médica en Texas, incluyendo una reducción significativa en la disponibilidad de servicios médicos y de asistencia de salud a la población de Texas, y la posibilidad de mayores reducciones. La propuesta enmienda es equilibrada y limitada en el tratamiento de la identificada crisis. No autoriza a la legislatura a limitar el costo económico directo que podría darse por demandas a proveedores de servicios médicos, ni autoriza a la legislatura a limitar de ninguna manera costos económicos indirectos, como pérdida de salario. La enmienda solo autoriza a la legislatura a limitar los daños no económicos, como dolor y sufrimiento --los elementos menos predecibles y más subjetivos en los juicios. Bajo legislación del 2003, el demandante en una demanda por negligencia médica podría recuperar tanto como 750.000 dólares por daños no económicos, y el derecho de una persona a obtener compensación total por la negligencia médica que le causó daños no es afectado excesivamente por permitir a la legislatura imponer tales límites.

En 1977, la legislatura dispuso límites iniciales de responsabilidad legal para la recuperación de daños no económicos en demandas por negligencia médica, y no fue hasta 1988 –once años después—que la Corte Suprema de Justicia halló esos límites inconstitucionales en causas de acción consuetudinaria. El largo período entre la disposición por la legislatura de límites a los daños no económicos y la determinación definitiva sobre constitucionalidad de la Corte Suprema de Texas es inherente al sistema judicial y reduce severamente la efectividad y predicción de todo futuro límite a la responsabilidad legal promulgado por la legislatura. Para promover la predictabilidad y estabilidad en el sistema de justicia civil para doctores, proveedores de servicios médicos, hospitales y otras instituciones de salud, es necesario dar a la legislatura una autoridad constitucional clara para establecer límites por daños no económicos.

Para responder efectivamente a crisis futuras, la enmienda autoriza a la legislatura a adoptar, desde el 1° de enero del 2005, límites a los daños no económicos en juicios que no sean demandas por negligencia médica. Esta autoridad también permitirá a la legislatura adoptar límites de responsabilidad legal que podrían evitar crisis en esas áreas. En reconocimiento a la necesidad de límites en pagos por daños no económicos en juicios, y como un mayor control al poder legislativo, la enmienda dispondría que en juicios que no sean de negligencia médica, la legislatura solo podría limitar los daños no económicos con por lo menos tres quintos del voto de todos los miembros electos en ambas cámaras, en vez de una simple mayoría.

ARGUMENTOS EN CONTRA: La sección 13, Artículo I de la Constitución de Texas, conocida como “provisión de cortes abiertas”, dispone que “las cortes deben ser abiertas, y toda persona que sufre un daño personal a su tierra, posesiones, persona o reputación, debe obtener remedio por debido curso de ley”. Este es un derecho fundamental, contenido en la Carta de Derechos de la Constitución de Texas, y protegido adecuadamente por las cortes. Aun en medio de una crisis en los seguros por negligencia médica en Texas, las cortes son el foro adecuado para determinar la extensión en la que un derecho fundamental puede ser razonablemente restringido. El test establecido por la Corte Suprema de Texas en 1983 es razonable, apropiado y totalmente adecuado: donde todo límite por daños no económicos adoptado por la legislatura es “irrazonable o arbitrario cuando se lo compara con el propósito y base del estatuto”. Bajo la legislación del 2003, el demandante en un juicio por negligencia médica podría recuperar hasta 750.000 dólares por daños no económicos. Tal cifra podría ser adecuada y justa en muchos casos, pero no será adecuada y justa en todos.

Aunque el largo período entre la promulgación de límites a daños no económicos por la legislatura y la determinación definitiva sobre constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia podrá ser, en cierto modo, inherente al sistema judicial, no tendría que llevar tanto tiempo como en el pasado. La constitución de Texas autoriza a la legislatura a disponer una apelación directa a la corte suprema cuando decide que un estatuto es inconstitucional, y la legislación promulgada por la Legislatura 78° dispone tal apelación acelerada.

Aun cuando la crisis en los seguros por negligencia médica en Texas justifica que la legislatura disponga límites a los daños no económicos por demandas de negligencia médica, la legislatura no ha identificado una crisis similar para justificar establecer límites a los daños no económicos en áreas que no sean las de atención médica. En ausencia de una necesidad identificable y crítica, las cortes son el guardián apropiado del derecho fundamental de ser abiertas a la gente para compensar en su totalidad los daños causados. El requisito de que, en juicios que no sean por demandas de negligencia médica, la legislatura solo podrá limitar los daños no económicos por el voto de por lo menos tres quintos de los miembros electos a ambas cámaras, en vez de simple mayoría, no es reemplazo suficiente a la tradicional protección de este derecho fundamental por las cortes.

ENMIENDA N° 13

La enmienda constitucional que permite a condados, ciudades, pueblos y distritos de institutos comunitarios (community college) congelar el impuesto al valor de viviendas de personas discapacitadas, y ancianos y sus esposos/as.

RESUMEN : La propuesta enmienda a la Sección 1-b, Artículo VIII de la Constitución de Texas, agrega la Sub-sección (h) autorizando al cuerpo de gobierno de un condado, municipalidad o distrito de instituto comunitario prohibir aumentos en el impuesto al valor que éstos pueden imponer a propiedades habitadas por sus dueños discapacitados o de 65 años de edad o más. La propuesta enmienda haría que los discapacitados o ancianos se beneficien con el mismo tratamiento en los impuestos de propiedad de condados, municipalidades o distritos de institutos comunitarios, que el que los ancianos reciben actualmente en sus impuestos a la propiedad de distritos de escuelas públicas.

ARGUMENTOS A FAVOR: Debido a la inflación, aumento en el valor de propiedades o aumentos en índices impositivos, los impuestos de condados, municipalidades y distritos de institutos comunitarios han aumentado consistentemente. Los aumentos de impuestos se hacen particularmente difíciles para personas con ingresos fijos, como muchos ancianos o personas discapacitadas. La propuesta enmienda permitiría a funcionarios locales o votantes proteger a los propietarios discapacitados o mayores de 65 años de los aumentos en impuestos de condados, municipalidades o distritos de institutos comunitarios, permitiendo a estas personas conservar sus hogares. La enmienda brinda un método de opción local por el que un condado, municipalidad o distrito de instituto comunitario podría limitar los aumentos de impuestos a residencias de discapacitados o ancianos. La enmienda no requiere a condados, municipalidades o distritos de institutos comunitarios establecer un congelamiento en los impuestos de propiedad, ni la enmienda perdona a incapacitados y ancianos de todos los impuestos que deben pagar al condado, municipalidad y distrito de instituto comunitario. La cantidad de ingresos impositivos que se perderán en años futuros será mínima y puede suplantarse con otras fuentes de ingresos sin aumentar significativamente la carga impositiva de otros contribuyentes.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Limitar el monto de los impuestos de condados, municipalidades o distritos de institutos comunitarios a viviendas de propiedad de discapacitados y ancianos no afectaría el total de la carga impositiva del condado, municipalidad o distrito de instituto comunitario, sólo traspasaría la carga impositiva a otros contribuyentes. Limitando los aumentos a impuestos debidos por incapacitados o ancianos en sus propiedades, la enmienda traspasaría injustamente una porción de la carga impositiva a otros propietarios y dueños de otros tipos de propiedad --como los negocios, que no reciben ninguna limitación en los impuestos que pagan. Independientemente de la cantidad de ingresos impositivos que se perderán si la enmienda es adoptada, el condado, municipalidad o distrito de instituto comunitario será forzado a considerar la imposición de más impuestos a otros propietarios para mantener el mismo nivel de servicios que brinda hoy. Como la enmienda dispone que la limitación de impuestos adoptada no podría ser rescindida o anulada, el condado, municipalidad o distrito de instituto comunitario no podrá pedir nunca a sus incapacitados o ancianos que paguen su justa parte del costo incurrido en brindar servicios.

ENMIENDA N° 14

La enmienda constitucional que autoriza la emisión de notas o pagarés, o préstamos de dinero obtenido a corto plazo por una agencia estatal de vialidad, para proyectos relativos a transportación, y la emisión de bonos y otros títulos públicos asegurados por el fondo estatal de carreteras.

RESUMEN: La propuesta enmienda autorizaría al Departamento de Vialidad de Texas (Texas Department of Transportation) a emitir notas o pagarés, u obtener préstamos a dos años o menos de plazo, para cumplir cualquier función del departamento. La enmienda también autorizaría a la Comisión de Vialidad de Texas (Texas Transportation Comisión) a emitir bonos u otros títulos públicos a mayor plazo para financiar proyectos de mejoras viales. Los bonos u otros títulos públicos serían pagados con dinero del fondo estatal de carreteras.

ARGUMENTOS A FAVOR: La población del estado y la cantidad de tráfico en nuestras calles ha crecido enormemente, y se necesitan nuevas carreteras. Permitir que el estado pida dinero prestado con ese fin, en vez de esperar a juntar el dinero, permitirá tratar antes tales problemas. El estado ya pide prestado por muchas razones, y la construcción de carreteras mediante préstamos a corto plazo es una buena manera de permitir al estado administrar más eficientemente su función de ofrecer vías de transporte.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Los préstamos no crean nuevos fondos para la construcción de caminos, solo extienden el plazo en que se debe pagar. El estado podría aumentar la cantidad de carreteras construidas hallando ingresos adicionales para este fin, como el aumento del costo de registro de vehículos o los impuestos al combustible. Pidiendo dinero prestado el estado incurrirá en gastos extras, como intereses y gastos relativos a la emisión de bonos y pagarés. Estos gastos se pagarían con dinero del fondo estatal de carreteras, resultando en menos dinero disponible para invertir directamente en proyectos viales.

ENMIENDA N• 15

La enmienda constitucional dispone que ciertos beneficios de determinados sistema jubilatorios públicos locales no podrían ser reducidos o afectados.

RESUMEN: La propuesta enmienda agrega la Sección 66 al Artículo XVI de la Constitución de Texas, disponiendo que los cambios hechos a ciertos beneficios otorgados por ciertos sistemas jubilatorios no podrán reducir los beneficios que reciben los individuos antes de la fecha del cambio. La enmienda responsabiliza al sistema jubilatorio y entidades de gobierno que financian el sistema de que aseguren que esos beneficios no sean reducidos.

La enmienda se aplica a sistemas jubilatorios públicos de subdivisiones políticas, como ciudades y condados, que otorgan beneficios a sus empleados. Bajo la enmienda, la reducción de los beneficios de jubilación o pensiones que brindan los sistemas jubilatorios no puede ser aplicada retroactivamente o anterior a la fecha en que entra en vigor la reducción.

La aplicación de la enmienda está limitada en varias formas. Esta exime específicamente al sistema jubilatorio de los bomberos y policías de San Antonio, y no se aplica en ningún sistema jubilatorio de envergadura estatal. También se incluye la opción de no participar, por la que los votantes podrían optar por eximir a una subdivisión política de la aplicación de la enmienda en las elecciones locales del próximo año.

La enmienda se aplica solo a los beneficios jubilatorios por servicio o incapacidad, y a las pensiones por fallecimiento. Los beneficios de seguros médicos y de vida no están incluidos en esta enmienda. Tampoco se aplica a los beneficios por incapacidad que la persona ha recibido previamente pero ya no lo hace porque dejó de calificar como incapacitada bajo los términos del sistema jubilatorio.

ARGUMENTOS A FAVOR: En retribución a sus años de trabajo en servicio público, muchas veces con salarios menores que los del sector privado, los empleados de gobiernos locales deberían tener sus beneficios jubilatorios protegidos. Esta protección permitirá a estos empleados planear mejor su jubilación, sabiendo que los beneficios que ganaron están garantizados. La propuesta enmienda permitiría a sistemas jubilatorios públicos locales hacer cambios en ciertos beneficios, siempre y cuando los cambios no se apliquen retroactivamente. La enmienda también daría a esos sistemas jubilatorios la flexibilidad que necesitan para ajustar beneficios jubilatorios si es necesario para responder a una economía cambiante, protegiendo siempre los beneficios que los empleados de gobierno locales han ganado. La enmienda daría a votantes la flexibilidad de eximir a subdivisiones políticas de la aplicación de esta enmienda en las elecciones locales del próximo año.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Dar una garantía constitucional de cierto nivel de beneficios y poner la carga de dicha garantía en los sistemas jubilatorios públicos locales y empleadores de gobiernos locales podría forzar a los gobiernos locales a aumentar los impuestos, recortar servicios necesarios o ambos, para mantener el nivel de beneficios. Aunque la enmienda protegería los beneficios jubilatorios ganados por empleados de gobiernos locales, la enmienda no extiende tal protección a otros empleados públicos como maestros y empleados estatales. Es injusto proveer una protección constitucional de beneficios jubilatorios sólo a algunos empleados públicos. Aunque la enmienda daría a los votantes la opción de eximir a subdivisiones políticas de aplicar la enmienda, esta provisión para optar por no está disponible a los votantes en sólo una fecha: las elecciones locales de mayo del 2004. En años siguientes, si un sistema jubilatorio y un gobierno local no pueden sostener los beneficios jubilatorios a niveles protegidos, los votantes no podrán eximir a la ciudad o condado de la aplicación de la enmienda.

ENMIENDA N° 16

La enmienda constitucional que autoriza una línea de crédito sobre el capital o activo de una vivienda, brindando una interpretación administrativa a las leyes de crédito sobre activo de propiedad, y referente a la producción, refinanciamiento, pago y obligación de pago de préstamos garantizados con activo de propiedad.

RESUMEN: La propuesta enmienda a la Sección 50, Artículo XVI de la Constitución de Texas, dispone que los préstamos garantizados por el activo de una propiedad podrán ser en forma de línea de crédito; hace que el prestamista que no cumpla con las obligaciones establecidas en el préstamo corrija su falta y evite pérdida del principal e intereses del préstamo; dispone la interpretación por una agencia estatal de provisiones constitucionales relativas a préstamos asegurados por propiedad habitada por dueño (homestead); agrega los agentes de hipotecas a la lista de personas que pueden extender préstamos garantizados por activo de propiedad; permite que los pagos de estos préstamos sean más frecuentes que mensualmente; pide a prestamistas que antes del cierre del préstamo den a prestatarios una estimación detallada de las cifras que el prestatario deberá pagar al cierre; y permite que los préstamos sobre activo de propiedad puedan ser refinanciados por hipotecas revertidas. Este mismo cambio se propone también en la Proposición 6, a someterse a los votantes en estas elecciones.

ARGUMENTOS A FAVOR: Los préstamos sobre activo de propiedad en forma de líneas de crédito son populares en otros estados, y los prestatarios en Texas desean esta flexible opción. Permitir a los prestatarios acceder periódicamente al activo de su propiedad habitada, en la cantidad que necesitan en vez de en una suma total, ahorraría a prestatarios dinero que de otra forma pagarían en intereses del dinero pedido antes de necesitarlo, o con préstamos de mayor tasa de interés no asegurados por la vivienda. Han pasado varios años desde que se autorizaron los préstamos sobre activo de propiedad en Texas, sin embargo, muchos prestamistas siguen reacios a ofrecer estos préstamos. Esto se debe a las altas multas incurridas por errores en el proceso del préstamo –pérdida del principal total e intereses del préstamo—y por las dudas en la interpretación de algunas provisiones constitucionales existentes. La propuesta enmienda resolvería esos temores al permitir a prestamistas corregir errores para lograr que los préstamos cumplan con la ley, y al proveer interpretación administrativa para dar mayor claridad al significado de la ley. Las hipotecas revertidas son una manera aceptada para que los jubilados suplementen sus ingresos recurriendo al activo de sus viviendas. A partir de 1998, hubieron varios años en que se ofrecían préstamos sobre activo de propiedad pero no hipotecas revertidas. Durante este período, muchas personas que hubieran preferido hipotecas revertidas obtuvieron en cambio préstamos sobre activo de propiedad. La enmienda permitiría a estos prestatarios convertir sus préstamos sobre activo de propiedad existentes en hipotecas revertidas.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Todo préstamos asegurado por una vivienda corre el riesgo de que el dueño pierda su hogar si no puede cumplir con los pagos. Las líneas de crédito hacen más fácil pedir dinero prestado por medio de préstamos asegurados por viviendas, y consecuentemente harán que más personas pierdan sus hogares. Las altas multas que deben pagar los prestamistas que cometen errores existen debido a las altas penalidades para los prestatarios que no cumplen –la pérdida de sus viviendas. Las salvaguardas provistas por ley son importantes para proteger a los prestatarios, y los prestamistas no deberían tomarlas a la ligera, sabiendo que simplemente podrán corregir sus errores si son descubiertos. De manera similar, las provisiones constitucionales que reglan los préstamos hipotecarios han sido sometidas y aprobadas por los votantes. Una agencia administrativa no debería poder negar o alterar lo que los votantes han aprobado. Las personas de edad, que podrían ser más susceptibles a prácticas de préstamo inescrupulosas, podrían ser víctimas de prestamistas que convencen a esos ancianos a convertir el préstamo sobre el capital de su vivienda en una hipoteca revertida bajo términos injustamente favorables a los prestamistas.

ENMIENDA N° 17

La enmienda constitucional que prohíbe aumentar el monto total del impuesto al valor de distritos escolares impuestos a una vivienda habitada por su dueño si éste es discapacitado.

RESUMEN : La propuesta enmienda a la Subsección (d), Sección 1-b del Artículo VIII de la Constitución de Texas, que prohíbe aumentar el impuesto al valor de distritos escolares impuestos a viviendas habitadas por sus dueños (homestead) cuando éstos tienen 65 años o más. La propuesta enmienda otorgaría a personas discapacitadas el mismo beneficio impositivo que tienen hoy las personas de edad.

ARGUMENTOS A FAVOR: Debido a la inflación, revalorización de propiedades o aumentos en tasas impositivas, los impuestos de distritos escolares han aumentado consistentemente a través del tiempo. Los aumentos de impuestos se hacen especialmente difíciles para personas con ingresos fijos, como los ancianos o personas discapacitadas. Las personas de edad están protegidas del aumento de impuestos de distritos escolares a sus viviendas. La propuesta enmienda protegería de manera similar a los propietarios discapacitados, con fines de seguridad social, de los aumentos en impuestos a la propiedad de distritos escolares, permitiéndoles que permanezcan en sus viviendas. La enmienda sólo prohíbe los aumentos en impuestos de distritos escolares a viviendas habitadas por dueños discapacitados, y no exime a estas personas de todos los impuestos que deben pagar al distrito escolar. La cantidad perdida por estos impuestos en años futuros será mínima para los distritos escolares, y podría equilibrarse con fondos de otras fuentes de ingresos sin aumentar significativamente la carga impositiva de otros contribuyentes.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Limitar el monto de impuestos de distritos escolares a la propiedad de discapacitados no afectaría el total de la carga impositiva del distrito escolar, sino que traspasaría la carga impositiva a otros contribuyentes. Limitando el pago de impuestos debidos por discapacitados, la enmienda traspasa injustamente una porción de la carga impositiva a otros propietarios y dueños de otro tipo de propiedad, como los negocios, que no tienen el beneficio de tal limitación en sus impuestos de distritos escolares. Independientemente de la cifra de ingresos impositivos que perderá el distrito escolar si la enmienda es adoptada, la cantidad total perdida por todos los distritos escolares será significativa. Además, no todo distrito escolar podrá aumentar su recaudación impositiva para balancear los ingresos perdidos en años futuros, y seguramente recurrirá al gobierno estatal para recuperar lo perdido en ingresos, en un momento en que la economía es débil y los fondos estatales disponibles para la educación deben conservarse.

ENMIENDA N° 18

La enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a permitir que una persona asuma un cargo en subdivisión política sin pasar por elecciones, si la persona es la única candidata calificada para la elección por el cargo.

RESUMEN: La propuesta enmienda agrega la Sección 13ª, Artículo XVI de la Constitución de Texas, autorizando a la legislatura disponer por ley general que una persona podrá asumir un cargo en subdivisión política sin ir a elecciones, cuando la persona es la única candidata que califica en una elección para tal cargo.

ARGUMENTOS A FAVOR: Autorizando a la legislatura a permitir que una subdivisión política evite el gasto de tiempo y dinero en presentar candidatos sin oposición en la papeleta de voto, y contar los votos de candidatos sin oposición, la propuesta enmienda promueve la eficiencia en la administración de elecciones y ayudaría a reducir el costo de las mismas. La enmienda permitiría a la legislatura dar a oficiales de elecciones mayor flexibilidad en la preparación de papeletas. Papeletas más simples y reducidas permitirán al votante enfocarse en las elecciones con más de un candidato, sin tener que sortear a través de candidatos sin oposición, y reducirá en general la confusión del votante. La enmienda no interferiría con el derecho al voto de nadie. Si un candidato no tiene oposición, y ningún otro candidato, incluyendo aquellos solicitados, es elegible para la elección por ese cargo, el resultado ya está decidido.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Omitir un candidato de la papeleta de votación niega a votantes su derecho a votar por el candidato que elige. Aquellos que se toman el tiempo de votar están ejercitando su derecho a apoyar al candidato que desean los represente, lo que da validez a la elección del candidato a un cargo público. El derecho a votar por un candidato debería existir independientemente del número de candidatos. La enmienda autorizaría a la legislatura a negar a candidatos la oportunidad de obtener visibilidad al hacer campaña, y haría más difícil para los votantes saber quiénes son sus dirigentes electos o qué cargos se están cubriendo. La enmienda es innecesaria porque la Enmienda N° 8, a ser sometida a los votantes al mismo tiempo que esta enmienda, autorizaría más ampliamente a la legislatura a proveer por ley general que una persona pueda asumir cualquier cargo, incluyendo cargos en subdivisiones políticas, sin ir a elecciones, cuando la persona es la única candidata calificada para la elección de dicho cargo. Si la Enmienda N° 8 es aprobada por los votantes, esta enmienda es innecesaria y duplicada, y agregará confusión a la Constitución de Texas.

ENMIENDA N° 19

La enmienda constitucional que revoca la autoridad que tiene la legislatura para disponer la creación de distritos rurales de prevención de incendios.

RESUMEN: La propuesta enmienda revocaría la Sección 48-d, Artículo III de la Constitución de Texas. Esta sección autoriza a la legislatura a crear distritos rurales de prevención de incendios financiados por impuestos a las propiedades localizadas en el distrito.

ARGUMENTOS A FAVOR: Los distritos rurales de prevención de incendios tienen dificultad en proveer servicios bajo el límite de tres centavos al impuesto de propiedad, de ya décadas, dispuesto en la constitución estatal. Por otro lado, el límite constitucional a impuestos a la propiedad para distritos de servicios de emergencia es de 10 centavos. Los distritos de servicios de emergencia también tienen autoridad estatutaria para imponer un impuesto limitado a ventas y uso, y podría usar sus ingresos impositivos no solo para servicios de prevención de incendios en áreas rurales, sino para servicios de emergencia relativos. Por ende, los distritos de servicios de emergencia tienen mayor flexibilidad financiera para cubrir las cambiantes necesidades de comunidades rurales para prevención de incendios y oros servicios de emergencia. Como todos los distritos rurales de prevención de incendios se convierten en distritos de servicios de emergencia a partir del 1° de septiembre de 2003, y el estatuto que dispone los distritos rurales de prevención de incendios es revocado en esa fecha, la enmienda limpiaría la constitución estatal, quitando una provisión que la legislatura ha determinado ya no es útil.

ARGUMENTOS EN CONTRA: No existe razón convincente para enmendar la constitución estatal revocando la autoridad de la legislatura para crear distritos rurales de prevención de incendios. La legislación que convierte los existentes distritos rurales de prevención de incendios en distritos de servicios de emergencia no depende de la aprobación de la enmienda. La constitución del estado provee explícitamente dos opciones para los servicios de prevención de incendios en áreas rurales: distritos rurales de prevención de incendios financiados por un impuesto a la propiedad con un índice de no más de tres centavos por 100 dólares de valuación, y distritos de servicios de emergencia financiados por un impuesto a la propiedad con un índice de no más de 10 centavos por 100 dólares de valuación. La constitución debería mantener la flexibilidad que ofrece actualmente a comunidades rurales para brindar servicios de prevención de incendios con un límite menor en el índice.

ENMIENDA N° 20

La enmienda constitucional que autoriza la emisión de bonos o pagarés de obligación general que no excedan los 250 millones de dólares, a pagar con ingresos generales del estado, para proveer préstamos a comunidades con intereses en la defensa, a pagarse por la comunidad dedicada a la defensa, para proyectos de desarrollo económico, incluyendo proyectos que incrementen el valor militar de las instalaciones militares.

RESUMEN: La propuesta enmienda agregaría la Sección 49-n al Artículo III de la Constitución de Texas, y permitiría a la Legislatura autorizar a una o más agencias estatales a emitir bonos o pagarés de obligación general en una cantidad conjunta que no exceda los 250 millones de dólares, para proveer préstamos a comunidades con intereses en la defensa para proyectos de desarrollo económico que beneficien a esta comunidad, incluyendo proyectos que realcen el valor militar de las instalaciones militares ubicadas en el estado. La enmienda autorizaría que la recaudación de bonos se deposite en la cuenta de préstamos rotativos de valor militar del tesoro estatal.

ARGUMENTOS A FAVOR: La cuenta de préstamos rotativos de valor militar de Texas asistiría a comunidades locales a financiar proyectos que realcen el valor militar de instalaciones militares cercanas. Realzar este valor es importante porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzará otra ronda de reorganización y cierre de bases en el año 2005. Las instalaciones militares localizadas en este estado y los negocios relativos a la defensa son vitales para la economía, e incrementar el valor militar de las instalaciones militares de Texas aumentará la posibilidad de que tales instalaciones no sean cerradas durante el proceso de reorganización y cierre. Las comunidades locales podrían pedir dinero prestado de la cuenta de préstamos rotativos de valor militar de Texas a un interés menor que el de otras fuentes y, sin el ahorro en el costo resultante, podrían no poder completar los proyectos necesarios para realzar el valor de instalaciones militares cercanas.

ARGUMENTOS EN CONTRA: El Departamento de Defensa desea cerrar bases militares onerosas e innecesarias, y no tiene sentido gastar dinero del estado para mantener bases que no son necesarias. Aún más, los gastos no garantizarán que el gobierno federal decida mantener estas bases en operación. En un momento en que el estado se enfrenta a crecientes necesidades de servicios en todas las áreas, y los recursos estatales no alcanzan para cubrir esas necesidades, la aprobación de una cifra adicional en bonos para financiar proyectos que incrementan el valor militar de instalaciones militares federales no parece ser práctico ni necesario.

ENMIENDA N° 21

La enmienda constitucional que permite a un profesor de universidad o instituto comunitario público, activo o jubilado, recibir compensación por servicios prestados en el cuerpo de gobierno de un distrito de agua.

RESUMEN: La propuesta enmienda a la Sección 40(b), Artículo XVI de la Constitución de Texas, permite a un miembro activo o jubilado del profesorado de una institución pública de educación superior, que sirve además como miembro de la junta directiva de un distrito de agua creado por la Sección 59, Artículo XVI, o Sección 52, Artículo III de la Constitución de Texas, recibir salario por su servicio.

ARGUMENTOS A FAVOR: La propuesta enmienda eliminaría una anticuada e innecesaria restricción en el servicio público adicional de profesores de universidades e institutos comunitarios públicos. La ley actual no prohíbe tal servicio, pero lo desalienta al prohibir que sea remunerado, y no prohíbe salario a ninguna otra persona con empleo de tiempo completo, como empleados federales o del sector privado. La aprobación de la enmienda promovería un valioso servicio público por profesores, y aumentaría significativamente la oferta de personas calificadas dispuestas a servir en juntas directivas de los cientos de distritos de agua del estado. La propuesta enmienda está adecuadamente limitada a ciertas circunstancias. Los profesores de universidades o institutos públicos, a diferencia de la mayoría de empleados estatales, tienen horas más flexibles y pueden más fácilmente planear funciones extras en conjunción con sus empleos principales. Además, la excepción se aplica solo a distritos de agua, que tienen funciones limitadas.

ARGUMENTOS EN CONTRA: La prohibición constitucional existente para que empleados estatales no reciban salario por servir en la junta directiva de una subdivisión política trata de asegurar que el empleado estatal se dedique primera y principalmente a su empleo público. Si el servicio en la junta directiva de un distrito de agua es asalariado, las funciones de tal posición serán probablemente lo suficientemente importantes para interferir potencialmente con las funciones del profesor, y podrían reducir potencialmente el compromiso del miembro de la junta con sus responsabilidades como profesor. Aunque los profesores de universidades e institutos comunitarios pueden proveer un valioso servicio a gobiernos locales por sus importantes conocimiento y experiencia, otros empleados estatales también están calificados para brindar tal servicio y frecuentemente lo hacen sin compensación adicional. No hay razón para dar a profesores el tratamiento especial que existirá bajo la propuesta enmienda. La inclusión de profesores jubilados en la propuesta enmienda implica que otros empleados estatales jubilados no podrán recibir salario por servir en una junta de gobierno local. Si se adopta tal interpretación por las cortes, la propuesta enmienda desalentaría el servicio público en cuerpos de gobierno locales de miles de jubilados estatales bien entrenados.

ENMIENDA N° 22

La enmienda constitucional que autoriza el nombramiento de un reemplazante temporal para cubrir una vacante creada cuando un funcionario público se incorpora al deber activo en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

RESUMEN: La propuesta enmienda agregaría la Sección 72 al Artículo XVI de la Constitución de Texas para: (1) permitir a un funcionario electo o nombrado del estado o toda subdivisión política que se incorpora al deber activo en las fuerzas armadas de Estados Unidos al ser llamado al cumplimiento de su deber, o en cumplimiento del servicio militar o al ser activado, a retener el cargo mientras sirve en el ejército; y (2) permitir el nombramiento de un funcionario suplente temporal para cumplir con las funciones del cargo.

Bajo la enmienda, para un funcionario que no sea miembro de la legislatura, la autoridad con poder para nombrar a una persona para cubrir la vacante en un cargo será la que nombre al funcionario suplente temporal. Si la vacante en un cargo se cubre normalmente por elección especial, el gobernador nombraría al funcionario suplente temporal para un cargo de distrito o estatal, y la junta directiva de una subdivisión política como ciudad o condado nombraría al funcionario suplente temporal para un cargo en dicha subdivisión política.

En caso de miembros de la legislatura, la enmienda autoriza al legislador a nombrar un diputado o senador suplente temporal, sujeto a la aprobación del voto mayoritario de la correspondiente cámara de la legislatura.

ARGUMENTOS A FAVOR: La propuesta enmienda es necesaria para aclarar que un funcionario electo o nombrado del estado o subdivisión política no deje vacante su cargo cuando es llamado al deber militar activo. Autorizar el nombramiento de un funcionario suplente temporal permitirá que las necesidades de la población continúen siendo servidas durante la ausencia temporal del funcionario. La ley estatal dispone que el empleado de una entidad gubernamental estatal o local que se ausenta de su empleo para entrar al servicio militar activo tiene derecho a ser reintegrado cuando complete su servicio militar activo. Los funcionarios del estado o subdivisión política deberían recibir los mismos beneficios después de tomar una licencia de ausencia temporal para defender el estado o nación como miembro del ejército, y permitir a un funcionario reintegrarse a su empleo después de completar el servicio militar activo alentará a funcionarios públicos a mantener su participación en la guardia nacional o la reserva.

ARGUMENTOS EN CONTRA: Autorizar al gobernador o junta de gobierno de subdivisión política a nombrar un reemplazante temporal de un funcionario electo priva a los ciudadanos de este estado del derecho a elegir a las personas que los representan. Permitir a un funcionario del estado o subdivisión política volver a su cargo después de completar el deber activo temporal en el ejército crea ineficiencia en la operación del cargo, porque no hay período de tiempo definido en que el funcionario pueda permanecer en servicio activo. Al no tener un término definido en el cargo, habrá menos individuos calificados que aceptarán servir como funcionarios de reemplazo temporal.

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