COMUNICADO DE PRENSA
del despacho del Senador Estatal Rodney Ellis

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26 de mayo de 2001
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Legislación que prohíbe ejecutar a incapacitados mentales es enviada al gobernador
Legislatura de Texas aprueba un refuerzo del plan de Florida

AUSTIN – La Legislatura de Texas dio hoy un paso al frente por una justicia compasiva con la aprobación de legislación que prohibiría la ejecución de incapacitados mentales. La legislación, el HB 236 del Diputado Juan Hinojosa (D-McAllen) y el Senador Rodney Ellis (D-Houston) va ahora al Gobernador Rick Perry.

La Cámara de Representantes y el Senado de Texas aprobaron el Informe del Comité Conferencia sobre el HB 236, un nuevo plan que prohíbe la ejecución de los incapacitados mentales. La propuesta es una versión levemente modificada de la ley promulgada recientemente por el gobernador de Florida Jeb Bush.

“Este es un día histórico para Texas”, dijo el Senador Ellis. “Esta legislación es un gran paso adelante, que prueba que podemos ser enérgicos contra el crimen pero tener una justicia compasiva, aún en el salvaje y lejano oeste”.

Opositores a la legislación han dicho que Texas debería esperar el dictamen de la Suprema Corte –que tiene planeado fallar sobre la constitucionalidad de ejecutar a criminales con retraso mental—antes de tomar una acción. Pero la Corte Suprema ya ha ordenado actuar a los estados. En 1989, el dictamen de la Jueza Suprema Sandra Day O’Connor dictaminó en Penry versus Lynaugh, que los estados que tienen pena de muerte deben determinar si el continuar la ejecución de incapacitados mentales ofende suficientemente a los ciudadanos. Actualmente, 15 estados –Arkansas, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentuchy, Maryland, New México, Nebraska, Nes York, South Dakota, Tennessee y Washington –y el gobierno federal—han promulgado leyes prohibiendo la ejecución de personas con incapacidad mental.

“La Suprema Corte nos va a decir simplemente si podemos ejecutar a los incapacitados mentales”, dijo Ellis. “La Legislatura –apoyada por una amplia mayoría de tejanos—dice que no deberíamos. Es hora de que Texas dé un paso al frente, no se esconda tras la Corte Suprema, y haga lo que es debido. Hemos esperado demasiado tiempo”.

La propuesta compromiso para el HB 236 provee dos salvaguardas contra la ejecución de incapacitados mentales. Primero, si el acusado ha pedido la introducción de un asunto específico (de incapacidad), y si éste es probado por evidencia, el asunto específico se someterá al jurado durante la fase de sentencia del juicio. Al jurado se le pregunta específicamente “si el acusado es una persona con retraso mental”. Si el jurado encuentra que el acusado tiene retraso mental, entonces la corte sentenciará al acusado a cadena perpetua.

Segundo, si el jurado encuentra que el acusado no es retrasado mental, el acusado puede inmediatamente peticionar a la corte una audiencia judicial sobre el tema de retraso mental. La corte nombrará dos expertos desinteresados para determinar si el acusado es retrasado mental. Si el juez encuentra por preponderancia de la evidencia que el acusado es retrasado mental, entonces la corte sentenciará al acusado a cadena perpetua. Como salvaguarda final, la legislación contiene una provisión que prohíbe a una persona que se determina sufre de incapacidad mental a ser sentenciado a muerte.

Una encuesta reciente del Houston Chronicle halló que el 68% de los tejanos apoyan la pena de muerte, pero el 76% se opone a la ejecución de los incapacitados mentales. Bajo HB 236, la cadena perpetua sería la máxima pena a la que se enfrentaría un criminal que se determina es incapacitado mental, en caso de ser convicto por un crimen capital. En Texas se han ejecutado seis convictos con incapacidad mental desde 1976.

La declaración de retraso mental requiere tres exámenes rigurosos: funcionamiento intelectual general significativamente inferior al promedio, deficiencias en funcionamiento de adaptabilidad, y comienzo de incapacidad previo a la madurez. Si el juez encuentra que el acusado sufre de retraso mental, se procederá con el juicio pero la pena de muerte sería excluida como potencial castigo. Los expertos han mantenido que, en la mayoría de los casos, el retraso mental es diagnosticado profesionalmente temprano en la vida del individuo, mucho antes de que el tema sea presentado en el juicio.

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