COMUNICADO DE PRENSA
de la oficina de Jeff Wentworth
Senador Estatal, Distrito 25

De difusión inmediata
7 de octubre, 2005
Contacto: Margaret Patterson
(210) 826-7800

ANALISIS RESUMIDO DE LAS ENMIENDAS CONSTITUCIONALES PROPUESTAS
Elecciones del 8 de noviembre, 2005

ENMIENDA Nº 1 (H.J.R. Nº 54)

Esta enmienda constitucional crearía un fondo para reubicación y mejoras de ferrocarriles de Texas, y autorizaría subsidios monetarios y emisión de obligaciones para financiar la reubicación, rehabilitación y expansión de instalaciones ferroviarias.

RESUMEN: La propuesta enmienda crearía un fondo para reubicación y mejoras de ferrocarriles. La enmienda permitiría a la Comisión de Transportación de Texas emitir y vender obligaciones para financiar la reubicación y mejoras de instalaciones ferroviarias para carga y pasajeros, de propiedad pública o privada, con el propósito de disminuir la congestión en carreteras públicas, aumentar la seguridad pública, mejorar la calidad del aire e incrementar las oportunidades económicas. Las obligaciones serían pagadas con dinero del fondo de reubicación y mejoras de ferrocarriles de Texas. La enmienda también autorizaría a la legislatura a dedicar al fondo dinero del estado que no esté autorizado por la constitución.

PROS: La congestión de tráfico en carreteras del estado ha aumentado en años recientes. La posibilidad de transportar mercadería usando vías férreas disminuiría el número de camiones en las carreteras, reduciendo así la congestión. La reubicación de vías férreas fuera de áreas urbanas de alto tráfico mejoraría la eficiencia, alentaría las inversiones y promovería la seguridad. La prioridad-de-paso obtenida al reubicar líneas férreas fuera de las ciudades podría ser usada para la instalación de líneas de trenes urbanos o carreteras, las que aumentarían las oportunidades económicas para la inversión privada a lo largo de corredores viales. Los trenes de carga son más eficientes en combustible por toneladas/milla que los camiones, lo que ayudaría a Texas a cumplir con niveles federales de calidad del aire. Además, la reubicación de líneas férreas fuera de áreas urbanas reduciría la cantidad de materiales tóxicos transportados por áreas densamente pobladas.

CONTRAS: El sector ferroviario no es una industria regulada por el estado, y el estado no debería tener parte en las decisiones de inversión del sector. El servicio de deuda por los bonos emitidos podría costar al estado $87,500,000 anuales a partir del año fiscal 2007. La cifra necesaria para pagar la deuda deberá ser recaudada en algún momento. El deber principal del Departamento de Transportación de Texas es la planificación y creación de medidas para la ubicación, construcción y mantenimiento de carreteras estatales. La autoridad de la agencia sobre temas ferroviarios es limitada, y el departamento debería usar sus recursos para llevar a cabo sus deberes principales.

ENMIENDA Nº 2 (H.J.R. Nº 6)

Esta enmienda constitucional dispondría que el matrimonio en este estado consiste exclusivamente de la unión entre un hombre y una mujer, y prohibiría a este estado y sus subdivisiones políticas crear o reconocer todo estado legal idéntico o similar al matrimonio.

RESUMEN: La enmienda propuesta enmendaría el Artículo I de la Constitución de Texas, declarando que el matrimonio en este estado consiste únicamente de la unión entre un hombre y una mujer, y prohibiendo a este estado o subdivisión política de este estado crear o reconocer todo estado legal idéntico o similar al matrimonio. La resolución conjunta que propone la enmienda también incluye una provisión no enmendante reconociendo que las personas pueden designar tutores, nombrar agentes y usar contratos privados para el nombramiento adecuado y correcto de tutores y para tratar derechos relativos a visitas de hospitales, propiedades y el derecho a cobro de pólizas de seguro de vida, sin la existencia de un estado legal idéntico o similar al matrimonio.

PROS: La cláusula de igualdad de protección y otras provisiones de la Constitución de Texas son similares a las de constituciones de otros estados y podrían ser interpretadas por las cortes para permitir matrimonios homosexuales o para requerir el reconocimiento de un estado legal idéntico o similar al matrimonio. La adopción de la propuesta enmienda prevendría potenciales desafíos legales a estatutos matrimoniales de Texas. La unión entre un hombre y una mujer en la perdurable institución del matrimonio tradicional promueve el bienestar de los hijos y la estabilidad de la sociedad. El estado debería asegurar que la institución del matrimonio tradicional no puede ser socavada por una futura decisión de la corte o estatuto de la Legislatura de Texas. La enmienda no discriminaría contra ninguna persona. La aprobación de la enmienda por los votantes no prevendría que parejas de homosexuales mantuvieran su estilo de vida, sólo aseguraría que la unión de personas del mismo sexo no esté sancionada por el estado.

CONTRAS: La prohibición constitucional es innecesaria porque la ley en Texas ya prohíbe el matrimonio entre personas de un mismo sexo, y prohíbe el reconocimiento por el estado o subdivisiones políticas de matrimonios homosexuales, uniones civiles, o derechos o reclamos hechos como resultado de un matrimonio homosexual o unión civil. Una prohibición constitucional es inapropiada porque limita la flexibilidad de futuros legisladores estatales para promover la salud y seguridad de familias, de cualquier tipo que sean. El texto de la propuesta enmienda prohibiendo la creación o reconocimiento de “todo estado legal idéntico o similar al matrimonio” es muy vago. Aunque el Acta de Defensa del Matrimonio del estado define específicamente una “unión civil”, la enmienda contiene un texto más amplio que podría ser potencialmente interpretado como que anula el matrimonio de hecho (common law) y acuerdos legales entre personas no casadas, incluyendo poderes notariales y testamentos vitales.

ENMIENDA Nº 3 (H.J.R. Nº 80)

Esta enmienda constitucional aclararía que ciertos programas de desarrollo económico no constituyen deuda.

RESUMEN: La enmienda propuesta enmendaría la Sección 52-a, Artículo III de la Constitución de Texas, aclarando que un programa creado, o un préstamo o subsidio hecho como lo dispone esa sección --que no sea un programa, préstamo o subsidio asegurado por promesa de impuestos al valor o financiado por la emisión de bonos u otras obligaciones pagables con impuestos al valor--no constituye ni crea deuda por el propósito de cualquier provisión de la Constitución de Texas.

PROS: Los acuerdos entre municipalidades y el sector privado bajo el Capítulo 380 del Código de Gobierno Local crean una variedad de programas de desarrollo económico que atraen nuevas empresas, y toda incertidumbre sobre la legalidad de estos acuerdos es una traba para que empresas entren en tales acuerdos en este estado, porque las empresas no podrían predecir si la municipalidad podrá cumplir con sus obligaciones en el acuerdo. Los acuerdos de desarrollo económico entre municipalidades y el sector privado que incluyen el reembolso de ciertos impuestos son legales bajo la ley actual; la propuesta enmienda aclararía la intención original de la legislatura y los votantes de este estado.

CONTRAS: La adopción de la propuesta enmienda socavaría las protecciones constitucionales a contribuyentes sobre la creación de deuda pública. Si la constitución es enmendada para disponer que todo acuerdo a largo plazo de desarrollo económico que no esté asegurado por promesa de impuestos al valor o financiado por una emisión de bonos no crearía deuda, los futuros cuerpos de gobierno estarían comprometidos por acuerdos adoptados sin las disposiciones constitucionales sobre la emisión de deuda. Es innecesario tomar el paso de enmendar la constitución estatal para tratar una preocupación proveniente de un solo caso de juzgado menor. La reciente decisión del juzgado de distrito, de que un acuerdo bajo el Capítulo 380 del Código de Gobierno Local creó una “deuda inconstitucional”, se aplica sólo a las particulares circunstancias de ese caso. Aún más, la decisión del juzgado de distrito está sujeta a apelación.

ENMIENDA Nº 4 (S.J.R. Nº 17)

Esta enmienda constitucional autorizaría el negar la libertad bajo fianza a un acusado de crimen que viola una condición de su liberación pendiente al juicio.

RESUMEN: La propuesta enmienda permitiría a un juez de distrito negar la libertad previa al juicio bajo las condiciones descriptas en la Sección 11b, Artículo I de la Constitución de Texas, a personas acusadas de un crimen que son liberadas bajo una fianza que es subsiguientemente revocada o perdida por una violación a las condiciones de su liberación. Antes de que el juez pueda negar la libertad bajo fianza debe determinar, en una audiencia para establecer o restituir la libertad bajo fianza, que la persona violó una condición de su liberación relativa a la seguridad de la víctima del crimen o la seguridad de la comunidad.

PROS: Bajo la ley actual, una persona acusada de crimen que es liberada bajo fianza pendiente del juicio puede violar las condiciones de su liberación y su fianza ser readmitida subsiguientemente. La enmienda propuesta aseguraría que si una persona viola una condición de su liberación relativa a la seguridad de una víctima o la comunidad, a esa persona se le negará la libertad bajo fianza, evitando la oportunidad de que cometa otros actos que amenacen la seguridad de la víctima o la comunidad. La enmienda protegería al público, como así también a los derechos de proceso legal del acusado. Antes de que un juez de distrito pueda negar la libertad bajo fianza, deberá haber una audiencia en la que el juez determine que la persona violó una condición de su liberación relativa a la seguridad de una víctima del alegado crimen o la seguridad de la comunidad.

CONTRAS: La propuesta enmienda es innecesaria. Bajo la ley actual, un panel o corte de libertad condicional puede imponer condiciones a una persona que es liberada en libertad condicional, supervisión obligatoria o supervisión comunitaria, incluyendo casos en que la persona no comete un acto que amenaza la seguridad de una víctima del alegado crimen o la seguridad de la comunidad. Si la persona comete un acto que amenaza la seguridad de una víctima o la comunidad, el panel o corte de libertad condicional puede ordenar que la persona sea confinada en prisión o cárcel pendiente de la audiencia de revocación. El acusado que no está bajo alguna forma de supervisión en el momento en que es acusado de cometer una nueva ofensa y que está libre bajo fianza, después de la pérdida o revocación de esa fianza, un juez puede establecer o restituir la fianza con nuevas condiciones que protejan mejor a la víctima y la comunidad. Personas inocentes podrían ser detenidas innecesaria e injustamente. La enmienda autoriza negar fianza sólo cuando el juez determina que la persona cometió un acto que amenaza la seguridad de la víctima o comunidad. Esta disposición no requiere prueba de culpabilidad más allá de toda duda razonable antes de que la persona sea encarcelada.

ENMIENDA Nº 5 (S.J.R. Nº 21)

Esta enmienda constitucional permitiría a la legislatura definir las tasas de interés para préstamos comerciales.

RESUMEN: La enmienda propuesta enmendaría la Sección 11, Artículo XVI de la Constitución de Texas, permitiendo a la legislatura eximir a préstamos comerciales de los límites máximos de tasas de interés establecidos en esa sección. La enmienda define los préstamos comerciales como aquellos hechos principalmente con motivos de negocio, comercio, inversión, agricultura o similar; y no por motivo personal, familiar o de vivienda.

PROS: Las leyes contra la usura existen para proteger a prestatarios en posiciones débiles de negociación de las prácticas coercitivas e inescrupulosas de algunos prestamistas. En transacciones comerciales, sin embargo, ambas partes tienen el poder de negociación necesario para protegerse contra esas prácticas. La aplicación de leyes contra usura en transacciones comerciales limita la capacidad de las partes para estructurar la transacción de una manera flexible e imaginativa que podría beneficiar a ambas partes. La mayor parte de los otros estados no tienen las restricciones estrictas a préstamos comerciales que existen en Texas. La ley federal que permite a ciertos bancos aplicar las leyes de tasas de interés del estado donde residen los bancos, y provisiones contractuales usadas por otros prestamistas para aplicar la ley de otro estado a la transacción, resultan en que muchos préstamos comerciales a prestatarios de este estado sean hechos por prestamistas de otros estados. La eliminación de las restricciones de usura permitiría a prestamistas de Texas competir más equitativamente con prestamistas de otros estados.

CONTRAS: No todos los prestamistas y prestatarios comerciales tienen la misma sofisticación y poder de negociación. Los dueños de pequeños negocios y otros prestatarios que necesitan pequeñas cifras para cuestiones comerciales podrían no poder pagar el costo de obtener asesoría legal para protegerse de provisiones contractuales desventajosas. La propuesta enmienda no limita la excepción de leyes de usura a transacciones comerciales grandes. Aunque la legislatura ha adoptado legislación que permite establecer el mínimo de un préstamo al que se aplica la exención, el mínimo podría no ser lo suficientemente alto para asegurar que sólo los prestatarios con suficiente sofisticación y poder de negociación estén incluidos. Aún más, la legislatura podría en el futuro disminuir o eliminar la cantidad mínima del préstamo.

ENMIENDA Nº 6 (H.J.R. Nº 87)

Esta enmienda constitucional agregaría un miembro público y un juez constitucional de corte condal en la membresía de la Comisión Estatal de Conducta Judicial.

RESUMEN: Las Secciones 1-a(2) y (5), Artículo V, de la Constitución de Texas especifican actualmente la composición y requisitos para procedimientos de la Comisión Estatal de Conducta Judicial. La enmienda propuesta enmendaría la Sección 1-a(2) para agregar un miembro a la comisión que sea juez constitucional de corte condal y otro miembro que sea ciudadano de por lo menos 30 años de edad, no certificado para practicar abogacía y sin empleo o cargo público asalariado, para sumar un total de 13 miembros. La enmienda propuesta también enmendaría la Sección 1-a(2) para agregar el juez de corte de apelaciones, el juez de distrito y los miembros de la Barra Estatal de Abogados de Texas que sirven en la comisión a la lista de miembros que no pueden residir o ser jueces en el mismo distrito de la corte de apelaciones que otro miembro de la comisión. La propuesta enmienda haría cambios de conformidad a la Sección 1-a(5) para aumentar el número de miembros requeridos para quórum de seis a siete, y para requerir siete votos afirmativos en recomendaciones para retiro, censura, suspensión o despido de ciertos jueces.

PROS: Los jueces constitucionales de cortes condales deberían estar representados en el cuerpo encargado de gobernar su conducta. Un juez constitucional de corte condal entiende los deberes y responsabilidades de la posición, y está preparado para evaluar si la conducta de otro juez constitucional de corte condal es apropiada o no. Aumentar el número de miembros públicos en la comisión permitiría una mayor supervisión pública de los jueces. Aumentar la membresía de la comisión aportaría mayores recursos humanos a la comisión, permitiendo una distribución más amplia del trabajo de la comisión y una posible reducción en el tiempo necesario para resolver quejas o emitir sanciones. Los miembros adicionales podrían incrementar la diversidad profesional y geográfica de la comisión, y aumentar la variedad de perspectivas en cada tema presentado en el proceso investigativo y disciplinario.

CONTRAS: Agregar un juez constitucional de corte condal a la membresía de la comisión es innecesario porque los intereses y perspectivas de estos jueces están representados por el juez de corte legal condal y otros jueces de cortes menores que ya sirven en la comisión. Cuatro miembros públicos son suficientes para proteger los intereses del público. Temas de conducta judicial pueden presentarse en áreas altamente técnicas, y los miembros entrenados de la profesión judicial y legal son los más capacitados para evaluar la conducta de funcionarios judiciales. La adición de dos miembros podría hacer a la comisión poco manejable, reducir la posibilidad de llegar a una decisión sobre queja o acción disciplinaria de forma puntual, y podría necesitar mayores recursos financieros para operar.

ENMIENDA Nº 7 (S.J.R. Nº 7)

Esta enmienda constitucional autorizaría adelantos de líneas de crédito bajo hipotecas inversas.

RESUMEN: La enmienda propuesta enmendaría la Sección 50, Artículo XVI de la Constitución de Texas, disponiendo que las hipotecas inversas puedan tener la forma de líneas de crédito, permitiendo el repago de la línea de crédito de hipoteca inversas y adelantos subsiguientes de la cifra pagada, siempre y cuando los adelantos de hipotecas inversas no se obtengan con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheques de solicitud preimpresos o similares, prohibiendo gastos de transacción en conexión con un débito de hipoteca inversa o adelantos hechos después que sea establecida la extensión de crédito, y prohibiendo la enmienda unilateral de la extensión de crédito de hipoteca inversa por el acreedor.

PROS: Las hipotecas inversas son una forma popular con la que los jubilados recurren al activo o capital de sus propiedades para pagar los gastos de su diario vivir. Texas es el único estado que no permite alguna forma de línea de crédito en hipotecas inversas. La propuesta enmienda daría a prestatarios jubilados la flexibilidad de recibir dinero y devolverlo de acuerdo a sus necesidades. La constitución ya contiene muchas provisiones para proteger a los prestatarios de hipotecas inversas, y esta enmienda daría protecciones adicionales para limitar el uso impulsivo de adelantos, limitar los gastos de préstamos y prevenir que los acreedores cambien los términos de la extensión de crédito en hipotecas inversas.

CONTRAS: La facilidad de obtener adelantos de líneas de crédito podría resultar en que jubilados acreedores acumulen una cifra de deuda mayor que la que harían con la distribución actual de una cifra total. Como al prestatario no se le requiere pagar ninguna parte de la deuda hasta que se muere o muda, el interés de los adelantos también se suma a la deuda contra la vivienda. Independientemente de las actuales y nuevas protecciones propuestas para prestatarios jubilados, las hipotecas inversas todavía no están sujetas a las estrictas salvaguardas que se aplican a otros préstamos asegurados por la vivienda del prestatario.

ENMIENDA Nº 8 (S.J.R. Nº 40)

Esta enmienda constitucional permitiría la renuncia a títulos de tierras al liberar y renunciar a todo reclamo estatal a propiedad o título soberano de intereses en ciertas tierras del Condado Upshur y el Condado Smith.

RESUMEN: La enmienda propuesta enmendaría el Artículo VII de la Constitución de Texas agregando la Sección 2C, para liberar y renunciar a todo reclamo de propiedad soberana o título del estado sobre aproximadamente 4,600 acres de tierras específicamente descriptas en el Condado Upshur, incluyendo derechos de minería y superficie, y casi 1,000 acres de tierras específicamente descriptas en el Condado Smith, incluyendo derechos de minería y superficie, excepto en ciertas circunstancias específicamente descriptas de intereses de propiedad gubernamental relativos a uso público.

PROS: La propuesta enmienda es necesaria para aclarar títulos de tierra de personas y sus sucesores que de buena fe adquirieron, ocuparon y pagaron impuestos sobre la propiedad, y en los que la Oficina de Tierras Públicas y, en la mayoría de los casos, una corte de distrito, ya han determinado que el estado no tiene interés. La enmienda ahorraría el dinero de los contribuyentes que sería usado en litigios. La enmienda está limitada a tierras específicas y no afectaría ninguna otra disputa de tierras que involucre al estado.

CONTRAS: En vez de pedir a los votantes que juzguen disputas de títulos de tierra que afectan a relativamente pocos propietarios, se debería establecer un mecanismo permanente para resolver disputas con el estado sin el gasto de una elección por enmienda constitucional. El tema de títulos defectuosos de tierras en el Condado Smith no se ha resuelto definitivamente. Aún en casos donde se tienen de buena fe tierras del Fondo Escolar Permanente, es de interés público que el estado reciba el valor justo de mercado por la tierra antes de renunciar a su interés en la misma. Aún más, simplemente renunciando al interés del estado sin obtener el valor justo del mercado bajo la propuesta enmienda, daría un beneficio especial a un pequeño grupo de propietarios. El tema de los títulos defectuosos ha sido resuelto en las tierras del Condado Upshur. El hecho de que compañías de títulos de propiedad continúan poniendo excepciones en opiniones de títulos es un tema privado entre esos propietarios y las compañías de títulos de propiedad. Resolver este tema por medio de la propuesta enmienda daría un beneficio especial a un pequeño grupo de propietarios. No existe razón para favorecer a estos propietarios con un tratamiento especial.

ENMIENDA Nº 9 (H.J.R. Nº 79)

Esta enmienda constitucional autorizaría a la legislatura a establecer términos escalonados de seis años para miembros directivos de comisiones regionales de movilidad.

RESUMEN: La enmienda propuesta enmendaría la Sección 30, Artículo XVI de la Constitución de Texas, para permitir a miembros de juntas directivas de comisiones regionales de movilidad servir términos escalonados de seis años.

PROS: Los términos escalonados de seis años darían consistencia y estabilidad a la dirigencia de comisiones regionales de movilidad. Los proyectos viales de comisiones regionales de movilidad requieren años de planificación y construcción, y términos más largos para miembros directivos de comisiones regionales de movilidad asegurarían una dirigencia con más experiencia y mayor continuidad en la planificación y construcción de sus proyectos. Autorizar términos de seis años para la dirigencia mantendría el conocimiento institucional necesario para llevar a cabo las funciones de una comisión.

CONTRAS: Los términos de seis años podrían disminuir la responsabilidad de personas nombradas a juntas de directores de comisiones regionales de movilidad. Términos de dos años obligan a evaluaciones más frecuentes del trabajo de los miembros. Términos de seis años para miembros directivos de comisiones regionales de movilidad no son necesarios para cumplir las funciones de la comisión. El personal de una comisión lleva a cabo aquellas funciones independientemente de la extensión del término de sus directores.

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