COMUNICADO DE PRENSA
del despacho del Senador Estatal Rodney Ellis

De difusión inmediata
6 de junio de 2001
Contacto: Jeremy Warren
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Prohibición de pena de muerte a retrasados mentales no pone en peligro al sistema de jurados
Las instrucciones a jurados en Texas no incluyen disposiciones específicas sobre retraso mental

Se ha reclamado que el plan para prohibir la ejecución de retrasados mentales pondría en peligro al sistema de jurados en Texas. Ahora que la Corte Suprema de EEUU ha dictaminado que las instrucciones al jurado en el caso Penry versus Lynaugh fueron inconstitucionales, el Proyecto de Ley 236 de la Cámara de Representantes daría a jurados de Texas –por primera vez—instrucciones claras y específicas sobre el tema de retraso mental en casos capitales. La estructura de la medida HB 236 es análoga a la manera en que jueces y jurados interactúan en las decisiones sobre la certificación de delincuentes juveniles y la competencia de los acusados para ser sometidos a juicio o ejecutados.

Bajo la ley actual, los jurados de Texas no reciben instrucciones específicas sobre retraso mental en casos capitales. En vez, el retraso mental sólo es presentado como uno de los muchos factores potencialmente mitigantes en la fase de sentencia. En acuerdo con el reciente dictamen de la Corte Suprema sobre el caso Penry II, el HB 236 aseguraría que el tema de retraso mental es específicamente presentado al jurado y juez.

Quince estados y el gobierno federal ya han instituido una prohibición a las ejecuciones de retrasados mentales, y ninguno ha reportado problemas en el sistema de jurados. Además, Missouri está por convertirse en el estado número dieciséis en prohibir la práctica de ejecutar retrasados mentales.

El Proyecto de Ley 236 de la Cámara de Representantes impone una carga en el acusado para que pruebe su retraso mental previo a la consideración. El jurado retiene la responsabilidad en primera instancia sobre la determinación de retraso mental. Bajo el proyecto HB 236, al jurado se le pide explícitamente hacer la determinación. Además, el juez retiene menos autoridad de la que tiene bajo la actual ley en otras materias –no puede ordenar un nuevo juicio para culpabilidad o inocencia, ni para sentencia. La autoridad del juez está limitada a examinar la determinación de retraso mental e imponer cadena perpetua en vez de pena de muerte.

El juez de la corte de juicios tiene la misma responsabilidad que tiene actualmente todo juez de apelaciones, o sea, el examinar la racionalidad del hallazgo del jurado. Una de las funciones básicas de los exámenes de apelaciones es el asegurar que los veredictos sean razonables y que los jurados no estén influidos por pasiones momentáneas. El HB 236 refuerza el sistema judicial al permitir a jueces examinar el hallazgo de jurados sobre la falta de retraso mental del acusado.

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