Senadora Jane Nelson
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COLUMNA DE OPINION
DE DIFUSION INMEDIATA

Noviembre 19, 2012
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Poniendo a beneficiarios de asistencia pública en camino a la autosuficiencia

En 1996, el Congreso reemplazó la asistencia pública tradicional con el programa Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés) --uno de los pocos programas del gobierno que entrega efectivo directamente a los beneficiarios.

A cambio de estos dólares, que intentan ayudar a la persona mientras toma pasos para reintegrarse a la fuerza laboral, los participantes firman un contrato comprometiéndose a ciertas cosas:

- Buscarán empleo activamente;

- No usarán los fondos TANF para comprar tabaco, alcohol, entretenimiento de adultos u otros artículos prohibidos; y

- Se abstendrán de consumir drogas ilegales, incluyendo cocaína, heroína y marihuana.

A cambio, el gobierno brinda una asistencia directa en efectivo --entre $93 y $514 mensuales, a determinar según tamaño familiar e ingresos.

Este mes yo introduje la medida SB 11 para asegurar que ese contrato se respete y, más importante aún, que TANF realmente ponga al individuo en camino a la independencia económica.

La SB 11 refuerza la exención a requisitos laborales para que aquellos que pueden trabajar estén realmente buscando empleo. Incrementa nuestro esfuerzo para evitar que los fondos TANF se gasten en artículos prohibidos. Debido a que el consumo de drogas es una barrera al empleo y la autosuficiencia, la SB 11 también requeriría exámenes de droga a los solicitantes considerados de alto riesgo en el abuso de drogas, mediante un instrumento de examen que será desarrollado por la Comisión de Salud y Servicios Sociales.

Hay instrumentos de examen a muy bajo precio o gratuitos. El examen de drogas cuesta $35. Aunque espero que la SB 11 ahorrará dinero, la razón principal de esta legislación es asegurar que estas personas puedan pasar de la asistencia pública al trabajo.

Con el 80 por ciento de los empleadores requiriendo exámenes de drogas como condición de empleo --y con encuestas nacionales que muestran que alrededor del 17.5% de la población desempleada consume drogas, casi el doble de la población en general--hay un imperativo interés público en hacer que los beneficiarios de TANF permanezcan libres de drogas.

Las personas que no pasan el examen podrán volver a solicitar beneficios después de un año o, si hacen un tratamiento de rehabilitación, seis meses. Medicaid y otros programas estatales ofrecen tratamiento para la drogadicción a aquellos que lo necesitan. Es importante notar que la SB 11 no afecta la entrega de cupones de alimentos, desempleo y otros beneficios públicos.

Algunos están inquietos sobre el potencial efecto que tendría esta legislación en los niños. Durante nuestras audiencias, me gustaría examinar más profundamente este tema, pero no estoy convencida de que poner efectivo directamente en manos de drogadictos provea algún beneficio a los niños.

Desde mayo del año pasado, siete estados han instaurado exámenes de drogas en sus programas TANF, usando distintos métodos. Estas leyes son relativamente nuevas, y su efecto está siendo estudiado. Los opositores señalan la ley en Florida, que sigue en litigio. Diferente a la SB 11, que obligaría a hacerse un test solo a los nuevos solicitantes y aquellos que renuevan, y están considerados de alto riesgo en abuso de drogas, la ley de Florida ordena exámenes a todo beneficiario de TANF.

TANF no es un pago por trabajo. Difiere de otros programas de gobierno porque entrega directamente dinero en efectivo a personas que cumplen ciertos requisitos y se comprometen a tomar pasos para su independencia económica. Asegurar que estas personas estén libres de drogas y por lo tanto aptos para reintegrarse a la fuerza laboral es una meta que todos compartimos.

La SENADORA JANE NELSON representa al Distrito 12, que incluye partes de los condados Tarrant y Denton. Ella es presidenta del Comité Senatorial de Salud y Servicios Sociales.

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