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COLUMNA DE OPINION
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Septiembre 25, 2012
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La legislatura enfrenta decisiones después de Obamacare

Después de casi cuatro años de un intenso debate nacional sobre el ACA (Acta de Atención Médica Económica), el futuro de esta gigantesca ley de casi 1,000 páginas queda ahora en manos de los votantes.

Como presidenta del Comité Senatorial de Salud y Servicios Sociales, no es un secreto que tengo una sólida reserva por este desatinado plan. Es el camino equivocado para nuestros problemas en la atención médica. Enferma más que cura. Dañará nuestra economía, eliminará empleos, inflará nuestro presupuesto estatal y, tal vez lo más importante, estirará hasta el límite nuestro ya sobrecargado sistema de atención médica.

Cuando se asienten las cosas después de las elecciones generales, la Legislatura enfrentará varias decisiones con respecto a cómo debería ser nuestro sistema de salud en un mundo post Obamacare. Especialmente, deberemos decidir qué hacer sobre la ahora provisión opcional de ACA que nos ordena agregar alrededor de 2 millones de tejanos –personas que ganan hasta el 133 por ciento del nivel federal de pobreza—a nuestras listas de Medicaid.

Los que lo apoyan mencionarán el índice de no asegurados en Texas –el mayor en la nación. Ellos señalan el aporte federal del 100 por ciento para servicios en los tres primeros años del programa. Sugieren que es más barato tratar a esta población en Medicaid que tratarla en la sala de emergencia. Esto es verdad –y debemos continuar nuestro esfuerzo para tratar estos temas, independientemente de qué pase con el ACA.

Lo que no dicen es que Texas seguiría siendo responsable de la mitad de los costos administrativos --$1.3 billones hasta el 2017. El aporte federal será reducido gradualmente del 100 al 90 por ciento para el 2020. Como los fondos federales no están nunca garantizados, si un futuro Congreso cambia de parecer, Texas podría encontrarse con un programa ampliado que no podría pagar.

Independientemente de si hacemos o no la expansión, el estado se enfrenta a costos adicionales de $1.8 billones hasta el 2017 debido al llamado índice “take-up”: que los tejanos elegibles a Medicaid que no están actualmente en el programa serán inscriptos bajo el mandato individual. El estado tendrá que aumentar los índices de reembolsos por Medicaid, lo que costará a los contribuyentes tejanos estimadamente $595 millones hasta el 2017.

Estos costos adicionales deben ser considerados al enfrentar la Legislatura nuestra propia versión de abismo fiscal –un déficit en Medicaid de $4.7 billones. Distinto al gobierno federal, Texas debe balancear su presupuesto por orden constitucional. El gasto de Medicaid ha crecido del 14 por ciento del presupuesto estatal en 2001 al 20 por ciento en 2011, y podría llegar al 37 por ciento para el 2023. Si vamos a continuar cubriendo las necesidades de los tejanos que dependen de estos servicios, tenemos la responsabilidad de poner este programa en un camino de sostenimiento financiero.

No es solo que los costos son preocupantes, el acceso a seguros médicos no garantiza el acceso a la atención médica. Los 25 millones de residentes en Texas son servidos por aproximadamente 18,000 médicos generales, y solo un 31 por ciento de los médicos en Texas aceptan nuevos pacientes de Medicaid en este momento, cifra nunca antes tan baja. Enfrentamos una crítica escasez de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud que juegan un papel indispensable en la provisión de servicios médicos. La cobertura prometida por Obamacare no tiene ningún sentido sin suficientes proveedores de atención médica.

Texas es un estado extenso, fronterizo y geográficamente diverso, con desafíos únicos con respecto a otros estados. El método de talla única del Obamacare es malo para Texas. Dada la oportunidad, nosotros podemos diseñar un sistema eficiente que cubra mejor las necesidades de nuestros ciudadanos.

En la pasada sesión, la Legislatura aprobó la medida SB 7 de mi autoría, que elimina el derroche y mejora los resultados en nuestros servicios de salud y sociales. Una de sus provisiones ordena a la Comisión de Salud y Servicios Sociales solicitar una exención de Medicaid, para dar a Texas mayor flexibilidad en nuestro programa Medicaid. Para que el sistema funcione, necesitamos permiso del gobierno federal para hacer cosas como cobrar copagos, promover el acceso a seguros médicos privados, y alentar la responsabilidad personal.

Expandir Medicaid bajo los términos de Obamacare sin serias reformas al sistema no es una opción legítima para Texas. Para ser justa con aquellos que no está de acuerdo, tampoco lo es el estatus quo. Si el gobierno federal es realmente serio en ayudar a que americanos tengan acceso a una atención médica económica, trabajaría con –no en contra de los estados en salvar Medicaid, no importa quién esté en la Casa Blanca.

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