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15 de mayo de 2000     (512) 463-0300

Los Comités Senatoriales de Servicios de Salud y Desarrollo Económico examinan temas relativos a la privacidad en el capitolio estatal

AUSTIN - El Comité Senatorial de Servicios de Salud y el Comité Senatorial de Desarrollo Económico se reunieron hoy, 15 de mayo del 2000, en una audiencia interina conjunta en el capitolio estatal. Los miembros de los comités escucharon testimonio sobre temas de privacidad y cómo proteger al público de abusos cuando tanto instituciones gubernamentales como privadas comparten información. Como indicó cada uno de los representantes presentes, la Legislatura se enfrenta a un arduo y complejo trabajo en su esfuerzo por crear leyes que balanceen la apertura con la privacidad o confidencialidad.

La Senadora Jane Nelson de Flower Mound, presidenta del Comité de Servicios de Salud, dio inicio a la reunión con declaraciones sobre la seriedad del tema. La desconfianza pública sobre la confidencialidad de la información dada a proveedores y aseguradores médicos, dijo, así como a otras instituciones, es extendida. Una de cada cinco personas en Estados Unidos actúa conscientemente por la protección de su privacidad, ya sea mintiendo al llenar formularios, pidiendo a doctores no incluir información sobre tratamientos o drogas en sus fichas, o simplemente no sometiéndose a cuidados médicos para evitar que los datos sobre su salud sean compartidos.

El primer panel comenzó con John Ryan, Vicepresidente de Normas de la Conferencia de Supervisores de Bancos Estatales. Ryan hizo una presentación sobre provisiones de confidencialidad pertinentes al Acta Gramm-Leach-Bliley (GLB). Esta es un acta federal que regirá temas de confidencialidad a partir de julio del 2001. El acta puede suplementarse con leyes promulgadas por los estados individualmente. La ley federal autoriza a instituciones el compartir más información, pero también da a los ciudadanos más opciones para negarse. Una de las provisiones ordena a instituciones financieras establecer una política de confidencialidad y hacerla pública a sus clientes. Los clientes podrían entonces pedirle a la institución que no comparta su información con terceras partes. Pero la institución tendrá derecho a compartir la información con compañías afiliadas, tales como compañías de seguros, inversiones, corredores de valores, tarjetas de crédito y aún agencias de viaje.

Varios senadores presentes comunicaron su preocupación, debido a que cuando se informa a los clientes que pueden negarse, esto aparece usualmente en letras muy pequeñas, escondido entre otra montaña de información. Si la persona no lo lee, no informará a la institución su negativa, permitiendo a la institución el compartir sus datos. Solo un pequeño número de clientes envía la carta negándose a que su información sea compartida. Otro problema es que la ley federal solo cubrirá a ciertas instituciones como bancos y compañías de seguros. Elizabeth Rogers, de la firma Vinson & Elkins, habló sobre provisiones de confidencialidad pertinentes al Health Insurance Portability and Accountability Act o HIPAA (Acta de Portación y Responsabilidad en Seguros Médicos). Ella informó que una encuesta reciente halló que el 29 por ciento de los residentes en Estados Unidos creen que la confidencialidad y privacidad será el tema más preocupante en el comienzo de este milenio, similar a los derechos civiles en los sesenta. Los avances en la tecnología, como el Internet, hace que el compartir información privada se haga muy difícil de controlar. Actualmente, los proveedores y aseguradores médicos necesitan ser autorizados por sus clientes para compartir información, a menos que sea por motivos de investigación. El problema es que las empresas privadas también conducen estudios de investigación, creando inconsistencias en la política de privacidad. Las penas por compartir información privada sin el consentimiento del cliente varían de 50.000 a 250.000 dólares, aparte de uno a diez años de cárcel. El Senador Kenneth Armbrister de Victoria dijo que aunque los proveedores y aseguradores médicos no pueden legalmente denegar servicios a gente que se niega a que su información sea compartida, esto sucede frecuentemente.

Rogers dijo que aunque las leyes de confidencialidad están en su inicio y sufren de zonas oscuras e inconsistencias, HIPAA es un buen comienzo. Ella dice que estamos en un período de observación y espera, y que el público será el guardián de estas leyes. Rogers recomienda a la Legislatura de Texas no actuar en este momento, sino esperar a que se finalicen las leyes federales, lo que podría llevar otros dos años. Pero los senadores respondieron que los tejanos piden actuar ahora.

Rebecca L. Payne, de la Oficina del Procurador General, hizo un resumen de los estatutos de privacidad de Texas, en cuanto a cómo los cuerpos gubernativos pueden reunir y compartir información privada. Uno de los casos que provocó la protesta pública fue cuando se conoció que el Departamento de Seguridad Pública vendió listas de nombres e información de licencias de conducir, incluyendo el número de seguridad social. Texas no cuenta, como lo hacen 9 otros estados, con estatutos que establezcan información específica que no puede ser compartida. California y Minnesota son los estados con las leyes más extensas y completas sobre confidencialidad en cuerpos de gobierno. Texas cuenta con más de 700 provisiones o estatutos que gobiernan temas de privacidad, pero todavía hay muchas y diferentes instituciones que no están cubiertas.

Carolyn Purcell, del Departamento de Recursos de Información, habló sobre la privacidad en el comercio electrónico. Ella señaló que el Internet permite que cientos de instituciones y empresas tengan fácil acceso a toda clase de información privada. Por ejemplo, los sitios web que un individuo visita se consideran como información pública. Y la gente envía toda clase de información a sitios web, desde por cuál candidato votan, hasta dónde compran y cuánto gastan, hasta si viven solos o no. El controlar este tipo de difusión de información sería extremadamente difícil ya que la red electrónica no tiene límites geográficos. Purcell también comentó sobre cuánto más avanzada está Europa en temas de confidencialidad.

El segundo panel hizo presentaciones sobre la situación de temas de privacidad en relación a la salud. Will Davis, de la Asociación de Aseguradores de Vida y Salud de Texas ­una asociación que agrupa a 175 compañías, hizo una serie de recomendaciones. Entre ellas, el no compartir información con terceras partes no afiliadas, con objetivos de comercialización, ni tampoco con instituciones financieras aunque pertenezcan a la misma compañía. También dijo que apoyan el derecho individual de enjuiciar a una compañía por compartir información ilegalmente.

Nicole Cooper, una psiquiatra en representación de la Asociación Médica de Texas, ha tenido pacientes que se niegan a aportar información sobre, por ejemplo, su tratamiento de bulimia o abuso de drogas. Esto causa problemas cuando son admitidos en hospitales y los doctores ignoran que están tomando otra medicina. Prozac, por ejemplo, puede causar condiciones serias cuando se la mezcla con otras drogas.

A.G. Breitenstein, de ChoosingHealth.com, basada en Massachusetts, dijo a los miembros de los comités que deberían empezar ahora a trabajar duro en las leyes de privacidad, ya que HIPPS solo cubrirá un ínfimo número de instituciones. La información en el Internet, dijo, es permanente e ilimitada. Combinada con los nuevos avances en el mapa genético, existe una gran acumulación de información accesible a cualquiera en la red electrónica, que pudiera dañar o disminuir oportunidades individuales. Comentó también que mucha gente prefiere pagar los servicios de salud mental de su bolsillo, temerosos de que la información provista al seguro médico pueda ser compartida con empleadores actuales o futuros.

Un representante de Investigadores y Manufacturadores Farmacéuticos de América y Lisa McGiffert, de la Unión de Consumidores, también testificaron en este panel.

El tercer panel trató sobre temas de privacidad y confidencialidad relativos a la industria y el comercio. Los testigos incluyeron a J. Bradley Johnston de los Servicios Financieros Temple-Inland Inc., Karen Neeley de Abogacía General de la Asociación de Banqueros Independientes de Texas, Rob Schneider de la Unión de Consumidores, y Jeff Clark de la Alianza por Prácticas de Información Responsables. Todos estos representantes se refirieron al Acta Gramm-Leach-Bliley, que gobernará cómo se tratan los temas de privacidad y confidencialidad en el futuro. Por otro lado, cada estado de la nación puede crear leyes más estrictas para complementar el acta federal.

Los comités de Servicios de Salud y de Desarrollo Económico están celebrando audiencias a través del estado para estudiar los cargos interinos emitidos por el Vicegobernador Rick Perry. La audiencia de hoy se enfocó en el cargo 3 del Comité de Servicios de Salud. El cargo ordena a los miembros examinar el tipo, cantidad, disponibilidad y uso de información médica específica de pacientes, incluyendo datos de prescripciones, y las provisiones estatutarias y reguladoras que gobiernan su disponibilidad. El informe final explorará si las provisiones estatutarias y reguladoras son consistentes y adecuadamente cumplidas. La audiencia de hoy también examinó temas de privacidad relativos a agencias e instituciones gubernamentales, y la industria y el comercio privados.

El Comité Senatorial de Servicios de Salud está integrado por los Senadores: Jane Nelson de Flower Mound como presidenta, Mike Moncrief de Fort Worth como vicepresidente, Jon Lindsay de Houston, Frank Madla de San Antonio y Drew Nixon de Carthage. El Comité Senatorial de Desarrollo Económico incluye a los senadores David Sibley de Waco como presidente, Ken Armbrister de Victoria como vicepresidente, John Carona de Dallas, Troy Fraser de Marble Falls, Mike Jackson de Houston, Frank L. Madla de San Antonio y John Whitmire de Houston.

No hubo testimonio público en la reunión de hoy. Los comités informarán sus hallazgos y emitirán recomendaciones a ser presentadas a la Legislatura 77a., la que se reúne en enero del 2001.

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